La Justicia porteña determinó que la Policía de la Ciudad es la que debe hacerse cargo de los operativos de seguridad en las marchas de jubilados en los alrededores del Congreso.
La decisión la dispuso l juez porteño Roberto Gallardo, encargado del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los argumentos del fallo estuvo en la autonomía de la que goza la Ciudad.
Se ordenó que se garantice “la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes” en el ámbito porteño, coordinando un operativo de seguridad que deje “sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión” y que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.
