La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió intervenir de manera directa en la demanda presentada por la provincia de La Pampa contra el Estado nacional por los recursos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon la competencia originaria del máximo tribunal y dieron vista al Poder Ejecutivo para que responda formalmente a la demanda.
La causa fue impulsada por el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, a través de la Fiscalía de Estado provincial encabezada por Romina Schmidt y con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
El reclamo apunta a que los fondos correspondientes al 1% destinado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sean incorporados automáticamente a la masa coparticipable y distribuidos diariamente entre las provincias, tal como sostiene la provincia que establece la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
Según la presentación judicial, el Gobierno nacional estaría reteniendo recursos que, por ley, pertenecen a las provincias.
En la demanda se argumentó que “el Estado Nacional se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen, omitiendo concretar la distribución que la ley de Coparticipación lo obliga a realizar según principios constitucionales”.
El reclamo de La Pampa y la postura de la Corte
La administración pampeana sostiene que los ATN fueron creados específicamente para asistir financieramente a las provincias ante emergencias o desequilibrios económicos y que esos recursos no pueden quedar bajo discrecionalidad exclusiva del Gobierno nacional.
Además, remarcó que el contexto económico actual afecta a todas las jurisdicciones provinciales y justificó el pedido de una distribución automática de esos fondos.
La Procuración General de la Nación respaldó la competencia de la Corte Suprema para intervenir directamente en el caso.
En su dictamen, sostuvo que “el proceso corresponde a la competencia originaria de la Corte en razón de las personas”, debido a que la provincia demanda al Estado nacional.
El organismo también señaló que esa vía es la única manera de compatibilizar las prerrogativas constitucionales tanto de la provincia como del Estado nacional.
Tras esa opinión, la Corte resolvió avanzar con el expediente y pidió al Gobierno nacional que fije posición frente a la demanda presentada por La Pampa.
La decisión del máximo tribunal reabre además el debate sobre el reparto de recursos coparticipables y el manejo de los fondos federales en medio de la tensión entre varias provincias y la administración de Javier Milei por el recorte de transferencias y programas nacionales.
El caso podría convertirse en un antecedente clave para futuras discusiones sobre coparticipación y distribución de fondos federales entre Nación y provincias.
