La Argentina atraviesa un proceso de degradación que, por su carácter progresivo, corre el riesgo de volverse invisible para una dirigencia política distraída. Estamos asistiendo a lo que podríamos definir como una erosión de las redes de cooperación espontánea en la provincia de Buenos Aires. No se trata de un colapso estrepitoso, sino de una anemia sostenida de aquellas instituciones que, durante casi un siglo, funcionaron como la base de nuestra identidad: el barrio.
Históricamente, el club de barrio y la sociedad de fomento no fueron meros depósitos de personas, sino verdaderos centros de formación ciudadana y el núcleo esencial de la movilidad social ascendente. Hoy, ese mapa de asociatividad voluntaria se está desdibujando bajo el peso de una realidad implacable. Según registros de organismos que nuclean a entidades civiles, en el territorio nacional persisten aproximadamente 12.000 clubes, pero la cifra es engañosa si no se analiza el factor humano.
Se estima que la tasa de recambio en la gestión privada de estas entidades ha caído drásticamente: más del 50% de las instituciones hoy dependen de una generación que supera los 60 años, ante la alarmante falta de jóvenes que se involucren en la administración de estas instituciones intermedias. Lo que estamos viendo es un debilitamiento de la sociedad civil; las instituciones quedan en pie como estructuras físicas, pero la energía emprendedora que las habitaba se ha evaporado.
Esta patología tiene causas perfectamente diagnosticables. Por un lado, la inestabilidad económica ha transformado el tiempo dedicado a la comunidad en un costo de oportunidad altísimo. El ciudadano bonaerense, asfixiado por la necesidad de multiplicar sus ingresos para compensar la inflación y jornadas laborales que se extienden un 20% por encima de la media histórica, ha tenido que sacrificar su participación en la esfera privada comunitaria.
A esto se suma un cambio cultural profundo hacia el aislamiento. Sin embargo, hay un factor determinante que actúa como un veneno silencioso: la inseguridad. La percepción del peligro ha modificado la arquitectura de nuestras conductas, transformando la interacción ciudadana en una actitud defensiva. El vecino ya no es un socio estratégico con quien construir, sino un extraño del cual protegerse.
El resultado es una sociedad fragmentada donde la asociación libre ya no es natural, sino un esfuerzo titánico de pocos sobrevivientes. En los sectores más postergados del conurbano, la frase “cada uno está en la suya” no es una queja nostálgica, sino el parte médico de una comunidad que ha perdido su capacidad de resolver conflictos de forma privada. Cuando la estructura de la sociedad civil se rompe, las tensiones impactan de lleno y sin escalas en un Estado que no tiene ni la agilidad ni la competencia para gestionarlas.
La pregunta que debemos hacernos es qué clase de convivencia estamos gestando. La provincia no enfrenta una crisis de infraestructura, sino una erosión de los vínculos de cooperación. Si la política sigue ignorando esta disolución del espacio de la iniciativa privada, centrando su atención únicamente en lo que es electoralmente rentable, el daño será irreversible.
La reconstrucción de una nación no empieza en los despachos oficiales, sino en la capacidad de recuperar ese sentido de propiedad y pertenencia que hoy, lamentablemente, parece estar herido de muerte. Es una situación que requiere una mirada urgente y, sobre todo, una conducta ética distinta.
