El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito tras la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000, realizada el 18 de noviembre de 2025. La operación, financiada en casi un 90% por las propias vendedoras, despertó sospechas sobre el origen de los fondos y posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas.
Una operación inmobiliaria bajo sospecha
Según surge de un informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble, el funcionario adquirió una vivienda de casi 200 metros cuadrados mediante un esquema poco habitual: las propias vendedoras, dos jubiladas, financiaron la mayor parte de la compra.
Se trata de Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), quienes no solo vendieron el inmueble, sino que también otorgaron un crédito hipotecario por USD 200.000, equivalente a cerca del 87% del valor total.
Consultadas por el diario La Nación, ambas mujeres negaron conocer al funcionario o haber participado conscientemente en una operatoria de ese tipo. Viegas respondió con sorpresa:
“No, la verdad que no”.
Ante la consulta sobre una posible hipoteca, cerró la comunicación:
“Ay, no, no, no. Gracias”.
Por su parte, desde el entorno de Sbabo también evitaron confirmar la operación:
“No lo conozco, la verdad que no sé”.
La denuncia y el avance de la causa
La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un incremento patrimonial del 500% en un solo período fiscal.
En ese marco, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para analizar:
- Registros de propiedades
- Movimientos financieros
- Activos no declarados
- Posibles vínculos entre los involucrados
El objetivo es determinar si hubo omisiones en las declaraciones juradas o si las operaciones pueden justificarse con ingresos legales.
Además, la fiscalía busca reconstruir “la situación patrimonial, crediticia, registral y económica” del funcionario y su entorno.
Otras operaciones y dudas patrimoniales
En paralelo, la Justicia también analiza la compra de otra propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.
Sin embargo, registros internos indican que las expensas comenzaron a emitirse a su nombre, lo que podría evidenciar un vínculo patrimonial no declarado.
Según la última presentación ante la Oficina Anticorrupción, Adorni solo informó:
- El 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires
- El 100% de una propiedad en La Plata
No figuran inmuebles en countries ni otras adquisiciones recientes, lo que refuerza las dudas que motivaron la causa.
Qué puede pasar en la causa
Por el momento, el juez Ariel Lijo no resolvió sobre las medidas solicitadas por la fiscalía. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas el expediente avance con información clave.
La investigación apunta a esclarecer si existieron irregularidades en la adquisición del departamento y si el crecimiento patrimonial del funcionario se ajusta a parámetros legales.
