El Parlamento de Israel, la Knéset, aprobó este lunes una controvertida ley que habilita la pena de muerte para palestinos de Cisjordania condenados por terrorismo. La iniciativa fue respaldada por 62 votos contra 48, tras más de 12 horas de debate, y contó con el apoyo del primer ministro Benjamin Netanyahu y sectores de la derecha israelí.
El proyecto representa una victoria política para el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, uno de los principales impulsores de la medida.
Qué establece la ley y por qué genera polémica
La normativa dispone que los palestinos residentes en Cisjordania condenados por terrorismo en tribunales militares puedan recibir la pena de muerte, con la horca como método de ejecución.
Entre los puntos más relevantes, la ley:
- Permite aplicar la pena capital con mayoría simple de jueces
- Elimina el derecho de apelación
- No tendrá carácter retroactivo
- Se aplicará en tribunales militares
Además, en la práctica, la legislación impacta exclusivamente sobre la población palestina, ya que los ciudadanos israelíes son juzgados por tribunales civiles y quedan fuera de este esquema.
Si bien existe una cláusula que habilita la pena de muerte para cualquier persona, incluidos israelíes, su alcance es extremadamente limitado: solo aplica a quienes busquen “negar la existencia del Estado de Israel”, una definición que, según especialistas, excluye a casos de terrorismo interno judío.
Apoyos políticos y reacción del oficialismo
El proyecto fue acompañado por partidos de la coalición gobernante, incluidos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, además del respaldo clave de Yisrael Beytenu, liderado por Avigdor Liberman.
Tras la aprobación, Ben Gvir celebró la sanción de la norma con un mensaje contundente:
“Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puerta giratoria para los terroristas, sino una decisión clara. Quien elige el terrorismo elige la muerte”.
Por su parte, Netanyahu también votó a favor del proyecto, consolidando el apoyo del Ejecutivo a una iniciativa que, según el oficialismo, busca reforzar la seguridad y la capacidad de disuasión frente a ataques.
