Tras alcanzar un acuerdo con sectores de la oposición, el oficialismo convocará a su primera sesión del período extraordinario para el jueves 12 de febrero, con un tema de alto impacto político y social: la reforma del régimen penal juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Si bien el Poder Ejecutivo había impulsado originalmente un proyecto que fijaba el piso en los 13 años, finalmente se avanzará con el dictamen consensuado en mayo del año pasado, que establece los 14 años como edad mínima de punibilidad, una condición clave para destrabar los votos necesarios en la Cámara de Diputados.
“Para que salga rápido, preferíamos ceder”, admiten en el oficialismo
Desde el bloque oficialista reconocieron que no contaban con los apoyos suficientes para insistir con la iniciativa original. “No teníamos los votos para insistir con la baja a los 13 años. Para que salga rápido, preferimos ceder”, admitieron fuentes parlamentarias, luego de que bloques como el PRO y la UCR dejaran en claro que sólo acompañarían el dictamen acordado en 2025.
El entendimiento se selló en una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a jefes de bloque de casi todo el arco político.
Cronograma definido y sesión clave
Según lo acordado, el martes 10 se constituirán las comisiones correspondientes (4); el miércoles 11 se realizará el plenario para ratificar el dictamen —que perdió estado parlamentario en diciembre— y el jueves 12 se llevará a cabo la sesión extraordinaria con este único tema en el recinto.
El oficialismo se muestra confiado: aseguran contar con poco más de 130 votos para iniciar la sesión, lo que permitiría encaminar la sanción de la ley en el Congreso antes del cierre del período extraordinario, previsto para el 1 de marzo. Se precisan, 129 voluntades.
Qué establece la nueva Ley Penal Juvenil
El proyecto fija:
- Edad mínima de imputabilidad en 14 años
- Pena máxima de 15 años para menores, solo en delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro
- La privación de la libertad como último recurso, priorizando penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y mecanismos de reparación del daño
Además, se contempla la posibilidad de cumplir sanciones bajo regímenes no carcelarios, como prisión domiciliaria.
Reclamo de las provincias y cambio clave en el texto
Durante la reunión, los bloques provinciales reclamaron que el Estado nacional asuma los costos adicionales que implicará el nuevo régimen, especialmente en infraestructura penitenciaria adaptada para adolescentes.
Como respuesta, el oficialismo aceptó modificar el artículo 52, incorporando una cláusula que habilita la firma de convenios entre la Nación y las provincias para afrontar esos gastos, a medida que cada jurisdicción adhiera al nuevo sistema.
Argumentos legales y respaldo político
Desde sectores aliados remarcaron que la baja de la edad de imputabilidad a 14 años no contradice los tratados internacionales sobre derechos del niño con jerarquía constitucional, una postura que ya había sido defendida públicamente por Patricia Bullrich, autora del proyecto original cuando era ministra de Seguridad.
El dictamen cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Coalición Cívica, Provincias Unidas y parte de Unión por la Patria, mientras que la izquierda y un sector del kirchnerismo mantienen su rechazo.
