La crisis industrial en Río Tercero suma un nuevo capítulo de extrema gravedad. Petroquímica Río Tercero (PR3) reconoció por primera vez que enfrenta la “posibilidad real del cierre definitivo” de su planta, tras casi cinco meses sin actividad productiva, una profunda crisis financiera y un conflicto sindical que continúa sin resolución.
La advertencia fue realizada por Verónica Vara, presidenta y accionista mayoritaria de la compañía, a través de una carta abierta dirigida a la comunidad, autoridades y al público en general. En el texto, la empresaria describió un escenario económico “absolutamente insostenible” y remarcó el impacto que tendría un eventual cierre sobre el entramado industrial de la región.
Actualmente, la firma cuenta con apenas unos 100 empleados, luego de haber reducido su plantel desde los 375 trabajadores que tenía hasta octubre de 2024, tras una serie de despidos y el cierre de su principal unidad productiva.
Producción detenida, despidos y concurso de acreedores
La planta industrial permanece completamente paralizada desde el 14 de julio. Desde entonces, PR3 no logró retomar la producción ni generar ingresos, lo que derivó en la presentación en convocatoria de acreedores y en una creciente acumulación de deudas.
En octubre de 2024, la empresa cerró la planta de TDI (diisocianato de tolueno), su producto histórico desde 1982, y desvinculó a unos 120 trabajadores. En julio de este año se sumaron otros 124 despidos. Según Vara, todos los esfuerzos posteriores estuvieron orientados a sostener la continuidad operativa y preservar los puestos laborales restantes, sin éxito.
“La imposibilidad de afrontar gastos operativos y salarios, junto al endeudamiento acumulado, nos coloca frente a un escenario límite”, señaló la empresaria, al tiempo que afirmó que el conflicto se prolongó de manera “irracional”, bloqueando cualquier intento de reactivación.
Conflicto sindical, denuncias y creciente incertidumbre
Desde la conducción de la empresa apuntaron directamente contra sectores sindicales, a los que acusaron de mantener una postura confrontativa que frustró todas las instancias de diálogo. Vara denunció además una campaña de ataques personales que, según sostuvo, agravó el clima y profundizó el estancamiento.
En paralelo, el conflicto sumó un nuevo frente judicial: esta semana, cuatro exempleados presentaron una denuncia penal contra la firma por presuntos delitos de administración fraudulenta, vaciamiento de empresa y tentativa de estafa procesal. Desde el sindicato de los trabajadores químicos anticiparon que analizan una respuesta pública tras el anuncio empresarial.
Mientras tanto, la incertidumbre crece en Río Tercero. El posible cierre definitivo de Petroquímica no solo amenaza los puestos de trabajo directos, sino que también pone en riesgo a proveedores, comercios y a toda una economía local históricamente vinculada a la actividad industrial.
