El Gobierno nacional avanza con su proyecto de reforma laboral y ya definió los principales ejes que marcarán un cambio profundo en las relaciones de trabajo. La iniciativa busca modernizar el mercado laboral argentino con salarios dinámicos, convenios por empresa y una reestructuración de las paritarias tradicionales.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, expuso los lineamientos ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y defendió el proyecto frente a las críticas de la oposición y los gremios. “Queremos que el salario se vincule al rendimiento real y no a una escala rígida”, aseguró el funcionario durante su presentación.
Salarios dinámicos y convenios por empresa
Entre los puntos centrales, el Gobierno propone reemplazar la estructura salarial fija por un sistema de salarios dinámicos, que se ajusten en función del desempeño de cada trabajador y la productividad de las empresas.
Según Cordero, esta medida “marca la diferencia entre los salarios de convenio y los salarios reales”, y busca premiar el esfuerzo individual en lugar de aplicar aumentos uniformes.
Además, el proyecto incorpora los convenios colectivos por empresa, que permitirán a cada compañía negociar condiciones específicas de trabajo, sin depender de los acuerdos generales por rama. La idea es otorgar más flexibilidad al sector privado y reducir la brecha entre las grandes y pequeñas empresas.
Cambios en las paritarias y fondo de cese laboral
Otro de los ejes de la reforma se enfoca en la homologación de acuerdos paritarios. Cordero negó que existan demoras en las aprobaciones y afirmó que el Gobierno busca proteger al sector privado para evitar que se retire de las negociaciones.
En paralelo, se analiza reemplazar el actual sistema de indemnización por despido por un fondo de cese laboral, similar al modelo de la construcción, que permitiría acumular aportes mensuales destinados a cubrir las desvinculaciones. Esta medida apunta a reducir la litigiosidad y dar previsibilidad a los empleadores.
Fuerte rechazo de la CGT y los gremios
La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó la reforma en forma categórica y advirtió que representa “una reafirmación del DNU 70/23”, ya impugnado por la central obrera.
Según los gremios, la iniciativa debilita los convenios colectivos, favorece la precarización laboral y limita el poder sindical. Desde la CGT consideran que los cambios implican un retroceso en materia de derechos y alertan que podrían derivar en protestas y medidas de fuerza.
El contexto político y económico
La reforma se enmarca en el proceso de ajuste estructural y desregulación económica impulsado por el presidente Javier Milei, quien busca atraer inversiones y reducir costos laborales en el marco de su programa de estabilización.
El Decreto 70/2023, aún en debate judicial, ya había introducido modificaciones sustanciales: amplió el período de prueba, limitó las huelgas y facilitó la contratación temporal.
Con la economía en transición, alta inflación y un mercado laboral fragmentado, el oficialismo considera que la reforma es clave para generar empleo formal. No obstante, analistas y sindicatos advierten que los trabajadores podrían asumir mayores riesgos, especialmente en sectores vulnerables.
El proyecto será debatido en el Congreso tras las elecciones legislativas. El Gobierno confía en sumar apoyo parlamentario con el argumento de que la modernización laboral “es indispensable para competir en el siglo XXI”.
Sin embargo, la oposición prepara una estrategia unificada para defender los derechos laborales vigentes y cuestionar la constitucionalidad del DNU previo.
Mientras tanto, Milei refuerza su discurso de eficiencia y libertad económica: “Argentina necesita terminar con las trabas laborales que destruyen empleos y asfixian a las pymes”.
