El presidente Javier Milei oficializó el jueves a la noche, a través del Decreto 652/2025 publicado en el Boletín Oficial, el veto total a la Ley Nº 27.794, sancionada por el Congreso el pasado 20 de agosto, que modificaba la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y la devolvió al Senado de la Nación.
La norma aprobada por el Parlamento establecía que los recursos del fondo serían redistribuidos automáticamente según los coeficientes de coparticipación de la Ley 23.548, otorgando un porcentaje fijo a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.
En los fundamentos del veto, el Poder Ejecutivo sostuvo que los ATN fueron creados con el objetivo de atender desequilibrios financieros y situaciones de emergencia en las provincias, y que su naturaleza “difíere sustancialmente” de la masa coparticipable. “Privar al Estado nacional de esta herramienta implicaría un menoscabo concreto de sus facultades y recursos para afrontar contingencias graves”, advierte el decreto firmado por Milei.
El Gobierno recordó que estos fondos fueron claves para asistir a las jurisdicciones en crisis recientes, como la pandemia de COVID-19 y emergencias económicas, hídricas y climáticas durante 2024 y 2025. Según el texto oficial, convertir a los ATN en una distribución automática hubiera significado “vaciar” un instrumento de acción inmediata frente a situaciones críticas.
El veto presidencial también se apoya en el argumento constitucional: Milei remarcó que el régimen de coparticipación es un “pacto federal” que no puede ser modificado unilateralmente por una ley ordinaria, sino mediante un acuerdo entre la Nación y las provincias. En ese sentido, volvió a mencionar el Pacto de Mayo, firmado con un grupo de gobernadores, que contempla una futura rediscusión integral de la coparticipación.
La decisión generará un nuevo capítulo de tensión con los gobernadores y el Congreso, que podría intentar insistir con la ley original. Sin embargo, para rechazar el veto se necesitan dos tercios de los votos en ambas cámaras.
