El Gobierno nacional presentó una denuncia ante la Justicia Federal por lo que calificó como una operación de inteligencia ilegal destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral.
La presentación se produjo tras la difusión de conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, que habrían sido manipuladas y difundidas con el objetivo de condicionar al Poder Ejecutivo. La denuncia del gobierno recayó en juzgado N°12 subrogado por el juez federal Ariel Lijo y en la Fiscalía 4 de Carlos Stornelli.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en su cuenta de X un mensaje:
“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.
La denuncia se da en un contexto marcado por el llamado Spagnuolo gate, un escándalo político y judicial que involucra al exfuncionario Federico Spagnuolo, acusado de maniobras de corrupción y filtración de información sensible.
En la denuncia formulada por el Dr. Fernando Soto, se pide que “Se tenga por formulada la presente denuncia penal contra
quienes resulten responsables de la producción, manipulación y difusión de grabaciones atribuidas a funcionarios y ex funcionarios nacionales, dado que ese accionar es parte de una operación de inteligencia prohibida por la Ley 25.520″.
“Se disponga la apertura de la investigación, ordenando todas las medidas de prueba necesarias para determinar la autoría y responsabilidad de los involucrados”.
“Se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP), y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”.
“Se tenga presente lo solicitado y, oportunamente, se provea de conformidad, y se adopten las medidas conducentes para la averiguación de la verdad y la protección de las instituciones democráticas”.
La interna del oficialismo y la tensión con sectores de inteligencia habrían dejado expuesto un entramado de operaciones mediáticas y judiciales que hoy tienen repercusión directa en la campaña electoral.
Sospechas y advertencias
En el Ejecutivo aseguran que la maniobra buscó erosionar la imagen del Gobierno a través de material manipulado y presentado como real, con un fin claramente político. La denuncia en la Justicia apunta a desarticular la red detrás de estas acciones y a identificar a los responsables.
Mientras tanto, la Casa Rosada busca transmitir un mensaje de resistencia institucional en medio de las turbulencias: no ceder frente a lo que describe como un ataque planificado contra la gobernabilidad.
