El Gobierno nacional avanzó este 2026 en la transformación estructural de AySA al firmar un nuevo contrato de concesión que redefine el funcionamiento del servicio en el AMBA y abre la puerta a la privatización mayoritaria de la compañía. La medida fue anunciada por el presidente de la empresa, Alejo Maxit, quien destacó que el nuevo esquema busca garantizar sustentabilidad económica, eficiencia operativa y reglas claras para atraer inversión privada.
El cambio impacta sobre un universo de más de 15 millones de usuarios y se enmarca en la estrategia del gobierno de Javier Milei de reducir subsidios y promover la participación del sector privado en empresas públicas.
Un nuevo modelo sin subsidios y con control estricto
Según explicó Maxit, el contrato marca un punto de inflexión en la gestión de la compañía: “no es un cambio cosmético: es el marco jurídico que hace permanente la transformación que arrancamos en 2024”.
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la autosustentabilidad financiera. Desde 2024, AySA ya cubre el 100% de sus costos operativos con tarifas, sin asistencia del Tesoro, y ahora esa condición se convierte en obligatoria. En ese sentido, el funcionario fue categórico: “la concesionaria debe garantizar el equilibrio económico-financiero. No hay vuelta atrás”.
El contrato también introduce mecanismos de control y planificación más estrictos, como planes quinquenales con metas de obras y expansión, revisiones tarifarias cada cinco años, auditorías independientes y sanciones en caso de incumplimiento.
Además, el objetivo oficial es elevar la cobertura de agua potable y cloacas hasta alcanzar estándares regionales en el menor tiempo posible, en una red que abarca gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Maxit cuestionó el esquema anterior al señalar que “durante años, la discrecionalidad política convirtió a AySA en una caja partidaria”, y aseguró que el nuevo modelo elimina ese margen: “reglas claras, rendición de cuentas, sin margen para el manejo político”.
Privatización: cómo será la venta de AySA
El nuevo contrato también fija las condiciones para el siguiente paso: la privatización parcial o mayoritaria de la empresa. El Gobierno planea desprenderse de hasta el 90% de las acciones a través de un esquema mixto.
Por un lado, se realizará una licitación pública nacional e internacional para vender el 51% a un operador estratégico con capacidad técnica y financiera. Por otro, el resto de las acciones se colocará en el mercado de capitales. El Estado conservará un 10% dentro del Programa de Propiedad Participada destinado a los trabajadores.
La concesión tendrá una duración de 30 años, con el objetivo de garantizar previsibilidad a largo plazo y atraer inversiones de gran escala.
Desde el Ejecutivo sostienen que la decisión busca corregir los problemas estructurales de la empresa, que entre 2006 y 2023 requirió fuertes aportes del Tesoro Nacional.
En esa línea, Maxit remarcó: “no se trata de privatizar por privatizar: se trata de garantizar que el agua y las cloacas sean gestionadas con eficiencia y criterio técnico, no con lógica electoral”.
El proceso quedará en manos de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que será la encargada de llevar adelante la licitación y definir al futuro operador, en uno de los movimientos más relevantes dentro del plan de reformas del Gobierno.
