La Vocería Presidencial informó que el dueño de HLB Pharma Group S.A., Ariel García Furfaro, es investigado por el lote contaminado de fentanilo que habría causado más de 100 muertes. El Ejecutivo advierte conflicto de intereses en la causa judicial.
La Casa Rosada difundió un comunicado a través de la Vocería Presidencial en el que detalla las acciones emprendidas contra el laboratorio HLB Pharma Group S.A., propiedad de Ariel García Furfaro, en el marco de la investigación por un lote de fentanilo contaminado que, según la información oficial, estaría vinculado a la muerte de más de un centenar de personas.
Según el texto, el laboratorio no era inspeccionado por la ANMAT desde febrero de 2020. En septiembre de 2024, con la asunción del Dr. Mario Lugones como ministro de Salud, se ordenó una inspección en la planta de Ramallo —principal centro productivo de HLB Pharma— que se concretó en noviembre de ese año.
El informe técnico resultante derivó, el 12 de febrero de 2025, en la inhabilitación inmediata de la planta por parte de la titular de la ANMAT, Agustina Bisio. La clausura se produjo tres meses antes de que se registrara la primera muerte atribuida al fentanilo adulterado.
La Vocería también recordó que en marzo de 2025 la ANMAT emitió una alerta nacional que recomendó no utilizar, comercializar ni distribuir el producto “Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000”, medida que habría evitado potenciales muertes en intervenciones quirúrgicas.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad inició investigaciones por presunta presentación de documentación falsa en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), mientras que la organización ARCA denunció a la empresa por evasión tributaria agravada.
El comunicado oficial señala que entre los principales clientes de HLB Pharma se encuentran el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, dirigido por Nicolás Kreplak, y hospitales bonaerenses dependientes de la administración de Axel Kicillof. La causa judicial está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, hermano del ministro bonaerense, lo que —según el Gobierno— configura un posible conflicto de intereses.
Desde la Casa Rosada advirtieron que, si en los próximos días el magistrado no ordena la detención preventiva de García Furfaro, el Ejecutivo impulsará su recusación. Asimismo, el Ministerio de Salud aseguró que “todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado” y ratificó que continuará aportando pruebas para que “los responsables enfrenten la justicia”.
El caso combina un episodio sanitario de alto impacto con denuncias de corrupción y vínculos políticos, y se mantiene bajo la mirada atenta de la opinión pública, mientras la investigación judicial sigue en curso.
