La República Argentina le solicitó a la Jueza Loretta Preska, que proceda a suspender el fallo que obliga al país a entregar las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo.
“Estimada Jueza Preska: En nombre de la República Argentina (la «República»), solicito respetuosamente una conferencia previa a la moción sobre la moción de la República, de conformidad con Fed. R. Civ. P. 62(d), para suspender la orden del Tribunal del 30 de junio de 2025 que requiere que la República entregue sus acciones de YPF S.A. a los Demandantes (Petersen ECF No. 742; la «Orden de Entrega») pendiente de la apelación de esa orden o, alternativamente, para una suspensión provisional hasta que la República pueda solicitar la reparación del Segundo Circuito”, dice la presentación.
El estudio Sullivan & Cromwell LLP, contratado por la Procuración del Tesoro, realizó una presentación ante el juzgado neoyorquino, donde solicita que “este Tribunal debe suspender su Orden de Traspaso pendiente de apelación «como parte de su equipo tradicional para la administración de justicia». Nken v. Holder, 556 U.S. 418, 421 (2009) (cita omitida). Esta moción cumple fácilmente con los cuatro factores que apoyan una suspensión: «(1) si el solicitante de la suspensión ha demostrado fehacientemente que es probable que tenga éxito en cuanto al fondo; (2) si el solicitante sufrirá un daño irreparable en ausencia de una suspensión; (3) si la emisión de la suspensión perjudicará sustancialmente a las otras partes interesadas en el procedimiento; y (4) dónde radica el interés público». Id. en 434 (cita omitida). Estos factores se evalúan en una «escala móvil»: «más de uno excusa menos del otro». Thapa v. Gonzales, 460 F.3d 323, 334 (2d Cir. 2006) (se omite la cita). Los dos primeros «son los más críticos». Nken, 556 U.S. en 434.
Además, en una carta enviada a la magistrada, el gobierno del presidente Javier Milei pidió que no se ejecute la orden mientras se tramita la apelación o, al menos, “que se dicte una suspensión provisoria para poder acudir al tribunal de apelaciones”.
Este lunes, Preska ordenó a YPF entregar el 51 por ciento de sus acciones para compensar a dos fondos que denunciaron haber sido perjudicados durante la expropiación de la empresa en 2012.
Según informó Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en los juicios que afronta la Argentina en el exterior, en su presentación la Argentina advierte que, de no ser otorgada la apelación, acudirá a un tribunal superior para conseguirla.
Además, la recuerda a la magistrada que el Gobierno de los EE.UU. apoyó al país y es crítico de que se otorgue la suspensión.
La Procuración del Tesoro, incluso, podría pedir la suspensión del fallo de Preska directamente a la corte de apelaciones, que es una segunda instancia.
