A más de una década de su sanción, la brecha entre el modelo ideal y la realidad cotidiana sigue poniendo en riesgo a quienes más necesitan ser cuidados.
En 2010, Argentina sancionó la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, considerada una de las más avanzadas en la región. El objetivo: reemplazar el modelo manicomial por uno comunitario, interdisciplinario, respetuoso de los derechos humanos y centrado en la autonomía del paciente. Sin embargo, lo que prometía ser una revolución en el abordaje del sufrimiento psíquico, hoy enfrenta enormes obstáculos en su aplicación concreta.
Cuando la ley queda sola
La letra de la ley habla de inclusión, escucha, tratamiento ambulatorio y de la prohibición de internaciones prolongadas. Pero la implementación real ha sido fragmentaria, desfinanciada y, muchas veces, meramente simbólica. Los dispositivos comunitarios son insuficientes, los equipos interdisciplinarios escasos y los hospitales generales —que deberían asumir la atención en salud mental— no están preparados para responder.
El resultado es una peligrosa paradoja: tenemos una ley que prohíbe el encierro, pero no una red que garantice contención real.
La mirada ingenua también daña
Como consultora psicológica, observo con preocupación el vacío que se genera cuendo la desmanicomialización se convierte en sinónimo de abandono. Humanizar la atención no significa dejar librada a la suerte de su sufrimiento a una persona que no puede tomar decisiones favorables para sí misma.
He visto de cerca -hablo de familia directa- casos donde la falta de una internación oportuna terminó en situaciones trágicas: violencia, suicidios e incluso homicidios. Basta con pensar en el reciente caso de Villa Crespo o el del padre que mató a su familia entera. ¿Qué hacemos como sociedad cuando alguien en crisis queda en la calle, desregulado y sin sostén?
“No alcanza con el discurso de los derechos si no hay un Estado presente, una comunidad formada y una red que sostenga.”
— Victoria Fiorenzi
Entre el ideal y la urgencia
La ley es buena, necesaria, y plantea una transformación profunda. Pero esa transformación no puede darse sin inversión, formación y acompañamiento. Tampoco sin reconocer que hay personas que, en ciertos momentos críticos, necesitan decisiones clínicas que incluyan la internación como un recurso protector, no punitivo.
Romantizar la autonomía sin considerar la gravedad de algunos cuadros clínicos no es progresismo: es negligencia.
Deuda pendiente y responsabilidad compartida
Cumplir con la Ley de Salud Mental implica mucho más que derogar el encierro: implica crear redes, sostener vínculos, formar profesionales y dar respuestas en tiempo real a quienes están en riesgo.
El problema no es la ley. El problema es que seguimos mirando para otro lado, mientras aumentan los casos límite, los femicidios vinculados a trastornos no tratados, y los padecimientos silenciados por vergüenza o falta de recursos.
¿Y ahora qué?
Como sociedad, tenemos que animarnos a salir de la dicotomía entre “internación o libertad absoluta”. La salud mental no se reduce a un modelo binario. Es un proceso continuo, humano, que requiere presencia, escucha, decisión y cuidado.
Si queremos honrar esa ley, necesitamos hacerla carne en cada territorio, en cada sala de atención, en cada escuela, en cada barrio.
Porque cuando el Estado se ausenta, no hay derecho que alcance.
Consultora Psicológica
IG @victoriafiorenzi
