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El Senado aprobó la nueva ley de discapacidad y garantizó la continuidad de las prestaciones

El Senado convirtió en ley este jueves el nuevo régimen de fortalecimiento del sistema de discapacidad, con 71 votos afirmativos, ninguno negativo y sin abstenciones, en una decisión que garantiza la continuidad de las principales prestaciones, pensiones y coberturas que estaban contempladas en la legislación de emergencia que vence a fin de año. La iniciativa reemplaza el esquema transitorio por un sistema permanente y consolida beneficios que el Gobierno había cuestionado y vetado durante el año pasado.

El oficialismo defendió la nueva norma como una alternativa para abandonar las prórrogas de emergencia y establecer reglas estables, previsibilidad y mecanismos de financiamiento y control. Sin embargo, durante el debate, distintos sectores de la oposición reclamaron que las garantías incluidas en el texto se traduzcan efectivamente en partidas presupuestarias y pagos a los prestadores.

La sanción se produjo en medio de los reclamos de organizaciones y colectivos de discapacidad, que exigían preservar los derechos y evitar el vencimiento del régimen vigente.

El senador libertario Agustín Monteverde, miembro informante, sostuvo que “la única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad” y aseguró que el proyecto garantiza la continuidad de las prestaciones, las pensiones, la cobertura de salud y la posibilidad de compatibilizar los beneficios con el trabajo.

También defendió la incorporación de auditorías periódicas y un sistema de financiamiento específico. Según explicó, la iniciativa transforma las herramientas de la ley de emergencia en un esquema jurídico permanente.

Qué establece la nueva ley de discapacidad

La legislación mantiene las pensiones no contributivas equivalentes al 70% de la jubilación mínima, con actualización vinculada al sistema previsional. Además, establece que las personas con discapacidad podrán continuar cobrando la pensión y trabajar en el ámbito formal, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Otro punto central es la continuidad de la cobertura de salud a través de Incluir Salud, con acceso a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901.

La norma también conserva el nomenclador universal y establece mecanismos de actualización de los aranceles para los prestadores. En materia presupuestaria, dispone que los recursos destinados al sistema deben garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar que los ingresos por beneficiario pierdan poder adquisitivo en términos reales.

Asimismo, contempla auditorías periódicas y cruces de información entre organismos como ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS. Los controles deberán respetar el debido proceso, con notificaciones y posibilidad de descargo antes de eventuales suspensiones.

También se establece que el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores y avanzar en su cancelación dentro de los plazos previstos por la ley.

Las críticas de la oposición y las advertencias por el presupuesto

Desde el peronismo, Alicia Kirchner consideró que la sanción representa una respuesta necesaria, aunque advirtió que no resuelve todos los problemas del sector. “Ninguna sanción legislativa reconstruye los derechos que fueron vulnerados. En todo caso, es un punto de partida”, expresó.

Lucía Corpacci cuestionó las políticas de Javier Milei hacia las personas con discapacidad y sostuvo que la ley fue posible por la movilización de las organizaciones. Además, advirtió sobre el financiamiento de Incluir Salud y reclamó que el Presupuesto 2027 contemple los recursos necesarios para sostener las prestaciones.

“Si no modificamos el presupuesto, nada de lo que digamos ahora va a valer la pena”, planteó.

El radical Maximiliano Abad también alertó sobre las dificultades que atraviesan prestadores y familias, con profesionales que enfrentan aranceles atrasados, demoras en los pagos e instituciones en crisis.

Por su parte, Patricia Bullrich defendió el acuerdo alcanzado y calificó la ley como “un acuerdo social y un acuerdo político”. Señaló que el nuevo esquema busca superar las sucesivas emergencias y brindar mayor certeza a las familias.

El jefe del bloque PRO, Martín Goerling, remarcó que “la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre”.

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