La Corte Suprema de Justicia ordenó al Poder Ejecutivo Nacional hacer públicos los reportes detallados por institución de los operativos educativos “Aprender” y “Enseñar” de 2016 y 2017 en la provincia de Salta.
Al hacer lugar a una acción de amparo, el máximo tribunal remarcó que la información pública pertenece a la ciudadanía y no es propiedad del Estado ni una concesión gubernamental.
Pruebas Aprender y Enseñar: el fallo
La resolución contó con los votos mayoritarios de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Carlos Vallefín y Juan Perozziello Vizier, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
El litigio se originó en 2019, cuando un ciudadano reclamó los resultados desagregados por escuela ante el Ministerio de Educación. El Estado nacional se había negado alegando confidencialidad y advirtiendo que divulgar los datos permitiría elaborar rankings que estigmatizarían a alumnos, docentes y comunidades vulnerables.
Sin embargo, la Corte rechazó ese argumento y confirmó el fallo previo de la Cámara Federal de Salta. Los jueces sostuvieron que transparentar estos indicadores no busca estigmatizar, sino garantizar la igualdad real de oportunidades y brindar herramientas a la sociedad para exigir políticas públicas que reviertan los déficits educativos.
Derecho a la información y anonimidad
Asimismo, el tribunal advirtió que convalidar una negativa infundada dejaría el derecho de acceso a la información al arbitrio discrecional de los funcionarios.
De todas formas, la sentencia dejó en claro que la entrega de los reportes por establecimiento deberá realizarse resguardando estrictamente la intimidad de los participantes, sin revelar datos personales de los estudiantes ni de los docentes evaluados.





