La Corte Suprema de Justicia ordenó este jueves que la investigación por presunto lavado de dinero vinculado a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vuelva a los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, y dejó sin efecto la decisión que había trasladado el expediente al juzgado federal de Campana. La causa investiga operaciones inmobiliarias y la adquisición de vehículos y caballos que habrían sido realizadas mediante sociedades y personas señaladas como presuntos testaferros.
El máximo tribunal hizo lugar al recurso presentado por la fiscalía y dispuso que el expediente quede nuevamente en el Juzgado Federal N° 3 de Comodoro Py, actualmente a cargo de Daniel Rafecas, donde se había iniciado la investigación.
En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti cuestionaron duramente el traslado de la causa y consideraron que se había vulnerado la garantía del juez natural.
“La garantía del juez natural se ha visto afectada de modo severo e inequívoco”, sostuvieron, al advertir sobre una violación de las reglas de competencia y un apartamiento de las constancias del expediente.
Cómo comenzó la investigación y la disputa por la competencia
La causa se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Ambos habrían adquirido, a través de la firma Real Central SRL, una mansión en Villa Rosa, partido de Pilar, sin contar —según la hipótesis investigada— con capacidad económica para justificar la operación.
El expediente quedó inicialmente en manos del juez Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente y remitió las actuaciones al fuero penal económico. Sin embargo, ese tribunal rechazó la derivación y la Cámara Federal confirmó esa postura.
Posteriormente, la defensa de Pantano y Conte solicitó que la investigación avanzara en Campana. El juez federal Adrián González Charvay pidió el expediente, pero el magistrado Marcelo Aguinsky, que intervenía en el fuero penal económico, rechazó inicialmente el pedido.
La Cámara Federal de San Martín terminó resolviendo que el caso debía tramitar en Campana. La fiscalía apeló y, en mayo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló ese pronunciamiento y dispuso que la contienda fuera resuelta por la Cámara en lo Penal Económico.
Sin embargo, en una nueva intervención durante agosto, la Sala I de Casación, con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró competente al juzgado federal de Campana. Esa decisión fue la que finalmente llegó a la Corte Suprema, que ahora la revocó.
Los argumentos de la Corte para devolver el expediente a Comodoro Py
Para los ministros, la investigación no se limita a la compra de una propiedad en Pilar, sino que comprende una presunta estructura de operaciones societarias, movimientos de capital, administración de empresas y adquisición de distintos activos.
El tribunal destacó que buena parte de esas operaciones habría tenido lugar en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaban las sociedades involucradas y se habrían desarrollado aspectos centrales de la operatoria.
Entre los elementos considerados, la Corte señaló que Real Central SRL tenía su sede social en la Capital Federal; que la escritura vinculada a la operación inmobiliaria se formalizó en un domicilio porteño; y que la AFA tenía su sede en la calle Viamonte 1366/76, donde se habría desarrollado parte de la actividad investigada.
También destacó que en Buenos Aires se encontraban domicilios de las empresas y personas denunciadas, además de que los tribunales federales porteños habían intervenido inicialmente en el expediente.
En ese marco, los jueces concluyeron que Pilar “no era en modo alguno el centro de dirección y desenvolvimiento de la actividad bajo investigación” y consideraron que existían elementos objetivos suficientes para que la causa continuara en Comodoro Py.





