La Justicia de Paraguay ordenó este martes el embargo preventivo y la prohibición de vender o modificar ocho inmuebles ubicados en San Bernardino, departamento de Cordillera, que la Fiscalía atribuye al expresidente Santiago Peña. La resolución fue firmada por el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, en el marco de la causa que investiga presuntas operaciones irregulares vinculadas a Ueno Bank y al manejo de fondos públicos.
La medida busca preservar las propiedades mientras avanza la investigación penal por presunta lesión de confianza y otros delitos patrimoniales. Aunque los inmuebles figuran registrados a nombre de un tercero, los fiscales sostienen que el verdadero propietario sería Peña.
El magistrado dispuso tres medidas cautelares: prohibición de innovar, prohibición de contratar y embargo preventivo. El monto total de la medida asciende a 3.608.550.782.201 guaraníes, según la resolución judicial.
Los inmuebles están registrados a nombre de otra persona
Las ocho propiedades se encuentran inscriptas a nombre de José Luis Módica Alsina. Sin embargo, la Fiscalía considera que los elementos reunidos durante la investigación, entre ellos los resultados del allanamiento a la denominada “Mansión Sanber”, permiten vincular los bienes directamente con el exmandatario.
La solicitud fue presentada por los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez. En su resolución, Otazú fundamentó la necesidad de impedir que los investigados puedan disponer de los inmuebles antes de que avance el proceso.
El objetivo, según explicó el juez, es “evitar la posibilidad de que los encausados puedan disponer libremente de su patrimonio” y prevenir eventuales maniobras de “enajenación u ocultamiento de los bienes”.
Con la notificación a los Registros Públicos, las propiedades quedan sujetas a restricciones que impiden transferencias, modificaciones jurídicas o nuevos contratos mientras se mantengan vigentes las medidas.
La investigación por el caso Ueno
La causa busca determinar si existieron irregularidades en operaciones relacionadas con la colocación de depósitos públicos y previsionales en Ueno Bank SA, además del otorgamiento de créditos a sociedades vinculadas al grupo económico de la entidad.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que Peña habría utilizado su posición institucional para favorecer el movimiento de fondos públicos hacia el banco, con el que habría mantenido intereses económicos.
El expediente continúa bajo investigación y las medidas sobre los inmuebles tienen carácter preventivo: buscan asegurar el patrimonio mientras la Justicia analiza las presuntas responsabilidades. La atribución de los bienes al expresidente y los hechos investigados deberán ser acreditados en el proceso judicial.
Fuente: ABC
