Argentina y el Reino Unido protagonizaron este martes una audiencia clave ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, donde el gobierno de Javier Milei reclamó medidas cautelares para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La presentación busca impedir que avance la explotación de hidrocarburos mientras continúa sin resolverse la disputa de soberanía sobre el archipiélago.
El planteo argentino fue expuesto por el embajador Mario Oyarzábal, quien aclaró desde el comienzo que el objetivo no es que el organismo resuelva a quién pertenecen las islas, sino que proteja los derechos invocados por el país sobre los recursos naturales y el medio marino mientras se desarrolla el arbitraje internacional.
“Este caso no se trata de la soberanía sobre las islas, y tampoco se trata de la delimitación. Tampoco se pide al Tribunal que se pronuncie sobre el fondo de la disputa sometida a arbitraje”, sostuvo el diplomático.
La delegación argentina está encabezada por María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, e integrada, entre otros, por Oyarzábal, el jurista Marcelo Kohen y el especialista Nico Schrijver.
Los cuatro pedidos de la Argentina y los argumentos jurídicos
La presentación, realizada el 13 de octubre bajo el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), contiene cuatro solicitudes concretas: impedir el inicio o la continuidad de la explotación petrolera de Sea Lion; evitar que el Reino Unido utilice información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos; garantizar la protección del medio marino y exigir que Londres no otorgue nuevos permisos que agraven la controversia.
Oyarzábal también invocó las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1976 de Naciones Unidas, que reconocieron la existencia de una disputa de soberanía e instaron a evitar decisiones unilaterales. “Cincuenta años después, aquello que la resolución 31/49 procuraba evitar está a punto de concretarse”, advirtió.
Por su parte, Marcelo Kohen defendió la competencia del Tribunal para analizar las obligaciones previstas en la Convemar y sostuvo que “el Reino Unido no puede modificar unilateralmente la plataforma continental en disputa ni explotar sus recursos hidrocarburíferos”. Además, pidió preservar el estado actual de la zona para evitar daños que, según argumentó, podrían resultar irreversibles.
La respuesta británica y el futuro de Sea Lion
Londres rechazó los argumentos argentinos y cuestionó que el Tribunal tenga jurisdicción para intervenir. Su delegación defendió el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas y sostuvo que las medidas solicitadas impedirían el desarrollo de sus recursos naturales.
“Las medidas provisionales solicitadas por la Argentina impedirían que los habitantes de las Islas Falkland desarrollen sus recursos naturales”, afirmó la representación británica. También advirtió sobre posibles pérdidas económicas millonarias para la población isleña y las empresas involucradas.
El proyecto Sea Lion está impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. El yacimiento tendría reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de petróleo y las compañías proyectan iniciar su explotación entre 2027 y 2028.
Las audiencias continuarán este miércoles, cuando ambas delegaciones completarán sus exposiciones. El Tribunal deberá determinar si existen fundamentos para dictar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que analizará el fondo de la controversia.
Fuentes: Clarín e Infobae
