Después de más de cuatro horas de debate y una extensa negociación entre bloques, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. El proyecto, acordado entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria, bloques dialoguistas y fuerzas provinciales, reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente y ahora será girado al Senado para continuar su tratamiento.
El texto mantiene la Pensión No Contributiva por Discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y establece su compatibilidad con el empleo formal o el monotributo cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. También conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso al beneficio y garantiza la continuidad del programa Incluir Salud.
Qué establece la nueva ley
Uno de los puntos centrales es la continuidad del nomenclador universal y el arancel unificado de las prestaciones, con actualización periódica vinculada al índice de movilidad jubilatoria. Además, el financiamiento destinado al sistema deberá contar con partidas específicas y el Ministerio de Salud no podrá reducir en términos reales el presupuesto respecto del ejercicio anterior.
El proyecto también establece un mecanismo de auditorías periódicas, mediante el cruce de información entre ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS. Ante posibles irregularidades, los beneficiarios deberán ser notificados y tendrán un plazo para realizar su descargo antes de una eventual suspensión.
Otro punto acordado establece un cronograma para cancelar las deudas con los prestadores. El Gobierno deberá informar el esquema dentro de los 30 días posteriores a la sanción y la cancelación de los compromisos no podrá extenderse más allá de los 90 días desde la entrada en vigencia de la norma.
También se garantiza la compatibilidad de la pensión con determinadas asignaciones familiares y se incorpora una pensión inembargable para personas mayores de 70 años con discapacidad que no estén comprendidas en un régimen previsional, equivalente al 70% del haber mínimo.
Un acuerdo que modificó el escenario político
El consenso alcanzado durante la jornada permitió que Unión por la Patria abandonara su postura inicial de impulsar una nueva prórroga de la emergencia y acompañara el dictamen consensuado. Juan Marino explicó que el bloque entendió que no contaba con los votos suficientes y optó por negociar modificaciones para evitar retrocesos.
“No íbamos a tener los votos necesarios para prorrogar la ley de emergencia”, sostuvo, y destacó que las organizaciones reclamaron que el texto incorporara mejoras.
Desde el oficialismo, Gerardo Huesen defendió el proyecto y afirmó: “Las personas con discapacidad no pueden vivir en emergencias permanentes ni depender de prórrogas”.
En sentido contrario, la diputada de izquierda Romina del Plá cuestionó el acuerdo: “Nosotros no vamos a acompañar este dictamen que han negociado porque no creemos en esta concordia y en esta concertación”.
