Después de más de 15 horas de debate, la Cámara de Diputados resolvió durante la madrugada de este jueves devolver a comisión el proyecto de Endeudamiento Familiar, luego de que el oficialismo no consiguiera los votos suficientes para avanzar con su propio dictamen. La moción presentada por la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, fue aprobada a las 3.30 con 121 votos a favor, 117 en contra y cinco abstenciones.
La iniciativa regresó sin una fecha definida a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, una decisión que generó fuertes cuestionamientos de la oposición, que pretendía rechazar el dictamen oficialista y avanzar con una propuesta de refinanciación para los argentinos endeudados.
Las abstenciones de cinco diputados cordobeses de Provincias Unidas resultaron determinantes para el resultado. Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez se abstuvieron, mientras que Juan Brugge acompañó al oficialismo.
Dos modelos frente al endeudamiento
El proyecto impulsado por LLA, el PRO y la UCR propone una Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores. El objetivo central es mejorar la información que reciben los usuarios sobre créditos, tasas, cuotas, comisiones, seguros y costo financiero total.
También contempla herramientas contra el fraude digital, acceso al perfil de riesgo crediticio, límites voluntarios de consumo, portabilidad de créditos, mecanismos de arrepentimiento y mayor protección para operaciones realizadas por menores.
El miembro informante, Santiago Pauli, defendió la iniciativa y sostuvo: “Buscamos un marco común de reglas para los que otorgan crédito, como para los que acceden al crédito”. Además, afirmó: “Queremos que haya más crédito con las leyes del lado de los argentinos y no en contra de ellos”.
En cambio, el dictamen de minoría de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica propone declarar una emergencia de 180 días y establecer un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con más de 60 días de mora. La cuota no podría superar el 30% de los ingresos y se plantea la condonación de los intereses punitorios.
Durante el debate, Martín Lousteau cuestionó la situación económica y sostuvo que “el 40% de los deudores que ganan menos de 90.000 pesos no puede pagar sus deudas”. Por su parte, Kelly Olmos advirtió que “más de 6 millones de argentinos han ingresado en mora” y cuestionó que la respuesta oficial sea únicamente promover educación financiera.
La tensión aumentó sobre el cierre. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, reclamó una fecha concreta para retomar el tratamiento: “Son unos embusteros”, lanzó contra el oficialismo.
