El Gobierno de Javier Milei oficializó el nuevo Régimen de Retiro Voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes. La medida alcanza a trabajadores de planta permanente y a quienes tienen contratos por tiempo indeterminado, establece distintas compensaciones según edad, antigüedad y aportes jubilatorios, y dispone la eliminación de los cargos de quienes adhieran al programa.
El régimen estará vigente para quienes cumplan las condiciones establecidas en el decreto y la inscripción se extenderá del 1° al 30 de noviembre de 2026. La autoridad de aplicación podrá disponer, por única vez, una prórroga de hasta 30 días corridos.
La iniciativa forma parte de la política oficial de reorganización y transformación del Estado, con el objetivo de reducir estructuras y optimizar la asignación de recursos públicos.
Quiénes pueden acceder y cómo serán las compensaciones
El programa contempla tres grupos de trabajadores. El Grupo 1 comprende a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse. Podrán optar por una gratificación única o recibir el 60% del salario bruto mensual durante un máximo de 36 meses.
El Grupo 2 incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de 63 y 64 años que cuenten con al menos 30 años de aportes. En este caso, la compensación será equivalente a un salario por cada año de antigüedad, con los topes establecidos, más cinco remuneraciones adicionales.
El Grupo 3 está destinado a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Recibirán un salario por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco salarios según la antigüedad acumulada.
La adhesión implica el cese de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente.
Exclusiones y condiciones para acceder
El régimen no alcanza a organismos descentralizados, ni a las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y otros sectores expresamente excluidos.
Tampoco podrán adherir quienes tengan determinados procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes, quienes se encuentren en disponibilidad, tengan una renuncia pendiente de aceptación o estén comprendidos en determinadas situaciones de licencia prolongada.
Además, quienes mantengan reclamos laborales o administrativos vinculados con su relación de empleo deberán desistir formalmente de esas acciones para acceder al beneficio.
Otro de los puntos centrales es que quienes adhieran al régimen no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años.
El decreto establece que el gasto será afrontado con los créditos presupuestarios de cada jurisdicción y que la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, será la autoridad encargada de aplicar y reglamentar el programa.
