El Gobierno de Javier Milei enfrenta este jueves 15 de octubre una pulseada decisiva en la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará reunir quórum desde las 14 para rechazar el DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras, y avanzar con proyectos sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad. Mientras distintos sectores preparan una movilización, La Libertad Avanza busca asegurar el respaldo de sus aliados para impedir que se abra la sesión.
La discusión representa un desafío para el oficialismo porque el decreto contiene buena parte de las reformas económicas impulsadas por Milei. Si la oposición consiguiera rechazarlo, podrían revertirse medidas vinculadas con los alquileres, las góndolas, el abastecimiento, los controles de precios de las prepagas y la política de cielos abiertos, entre otras disposiciones.
En el oficialismo admitían que el escenario era incierto y estimaban que existían altas probabilidades de que la oposición no consiguiera el número necesario. Sin embargo, la estrategia depende de mantener alineados a los bloques dialoguistas, especialmente al PRO y a sectores provinciales.
El poroteo de votos y la estrategia del Gobierno
La oposición cuenta con el respaldo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y legisladores de distintos espacios provinciales. También espera sumar a integrantes de Provincias Unidas, aunque ese bloque podría dividir sus posiciones.
Los cálculos previos ubicaban entre 110 y 120 diputados a los posibles asistentes, todavía por debajo de los 129 necesarios para alcanzar el quórum. La presencia de algunos legisladores que habían manifestado disposición a participar quedó en duda tras recientes movimientos judiciales y parlamentarios.
Del otro lado, el oficialismo desplegó una campaña en redes sociales para defender el decreto. Diputados libertarios difundieron mensajes sobre las consecuencias que tendría su derogación, mientras el Presidente replicó publicaciones en favor de la norma.
El Gobierno también busca preservar los acuerdos políticos con los que pretende avanzar en su agenda legislativa: la reforma política, prevista para fines de octubre, y el Presupuesto, cuya discusión se proyecta para noviembre. La negociación con sus aliados resulta central para esos objetivos.
La Ley de Tierras, en el centro de la disputa
Uno de los puntos más sensibles es la derogación de la Ley de Tierras, que limita la extranjerización de terrenos rurales. Frente al riesgo de que el DNU completo pierda vigencia, el oficialismo impulsó una alternativa legislativa para restablecer esa normativa dentro de un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada.
La oposición, por su parte, busca aprovechar la sesión para sumar otros reclamos sociales, entre ellos la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027 y medidas de alivio para las familias endeudadas.
