El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso una multa de $100.000 diarios a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución, dictada este miércoles 14 de octubre de 2026 en Buenos Aires, establece sanciones económicas para presionar al Poder Ejecutivo a cumplir con las obligaciones judiciales relacionadas con la actualización de los salarios docentes y no docentes y los fondos para becas.
La decisión se tomó luego de que el magistrado constatara que el Gobierno no había cumplido con lo dispuesto en el expediente. En ese marco, resolvió hacer efectiva la advertencia que había formulado el 30 de septiembre y aplicar astreintes, es decir, multas diarias destinadas a lograr el cumplimiento de una orden judicial.
El fallo establece inicialmente una sanción de $100.000 por día y advierte que tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si persiste el incumplimiento.
La Justicia declaró inconstitucional un decreto del Gobierno
En otra resolución vinculada con la misma controversia, Cormick declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 en el punto que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, ordenó al Poder Ejecutivo avanzar de inmediato con la reglamentación y las medidas necesarias para ponerla en práctica.
El pronunciamiento hizo lugar a una acción de amparo colectivo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes, en el marco de la disputa por la aplicación de la norma aprobada por el Congreso.
El magistrado sostuvo que el decreto no superaba un examen mínimo de razonabilidad, dado que permitía suspender o dejar sin efecto una ley cuya aprobación había requerido mayorías agravadas.
La apelación del Gobierno y la cautelar vigente
El Estado nacional apeló la decisión sobre la inconstitucionalidad del decreto y el expediente fue elevado a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, la medida cautelar continúa vigente, por lo que la discusión judicial pendiente no elimina la obligación de cumplir con lo ordenado mientras corresponda.
