El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya aprobó 23 proyectos por USD 39.429 millones, pero un análisis de ECO Go puso el foco en una pregunta clave: cuánto le cuesta al Estado otorgar estos beneficios y qué cantidad de inversiones nuevas se necesita para que la cuenta fiscal resulte positiva. Según el estudio, los incentivos tributarios representan USD 8.493 millones a valor presente, mientras que los proyectos generan una recaudación estimada de USD 17.499 millones.
El trabajo reconstruyó los flujos económicos de los proyectos aprobados y comparó su desempeño bajo el régimen general y bajo el RIGI. Con precios normalizados y una tasa de descuento del 9,82%, el régimen eleva la rentabilidad de las inversiones y aumenta la TIR promedio del 10,6% al 13,4%.
La conclusión central aparece en el concepto de adicionalidad: no es necesario que toda la inversión dependa del RIGI para que el Estado recupere fiscalmente el beneficio otorgado.
El punto de equilibrio fiscal
El estudio estima que el breakeven fiscal se alcanza con una adicionalidad del 32,7%. En términos simples, aproximadamente uno de cada tres dólares invertidos debería ser una inversión que no se habría concretado sin los incentivos del régimen.
Por encima de ese nivel, la recaudación adicional generada por los proyectos compensaría los impuestos que el Estado deja de percibir.
El comportamiento de los precios de las materias primas puede modificar considerablemente los montos. Con valores récord registrados en agosto, el gasto tributario proyectado sube a USD 12.362 millones, mientras que la recaudación alcanzaría USD 26.056 millones. Sin embargo, el porcentaje de adicionalidad necesario prácticamente no cambia y se ubica en 32,2%.
La tasa de descuento tiene un impacto mayor sobre el resultado: el umbral baja al 31,2% con una tasa del 8% y aumenta al 34,4% con una del 12%.
Nación y provincias: una cuenta diferente
Uno de los principales puntos del análisis es que el beneficio y el costo no se distribuyen de la misma manera entre Nación y provincias.
De los USD 8.493 millones de gasto tributario calculado para los proyectos aprobados, USD 6.231 millones corresponden a recursos nacionales. Allí se incluyen derechos de exportación, aranceles de importación e impuesto al cheque.
En cambio, las provincias donde se desarrollan los proyectos conservan regalías y tributos propios, además de recibir recursos coparticipables. Por eso, el nivel de inversión adicional necesario cambia según quién realice la cuenta: 38,5% para la Nación y apenas 17,7% para las provincias que reciben los proyectos.
Si se incorporan otros proyectos identificados, el beneficio fiscal estimado asciende a USD 24.175 millones, frente a una recaudación potencial de USD 50.542 millones.
