La Justicia Federal declaró este martes 6 de octubre inconstitucional el Decreto 759/2025, que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, y ordenó al Gobierno de Javier Milei cumplir de manera inmediata con la Ley 27.795. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, tras los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El fallo representa un nuevo capítulo del conflicto entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y las universidades públicas por los recursos destinados al sistema de educación superior.
La Ley 27.795 había sido aprobada por el Congreso en 2025. Después de que el presidente Milei la vetara, ambas cámaras insistieron con la norma mediante las mayorías especiales previstas por la Constitución. Finalmente, el Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/2025, pero estableció que su ejecución quedaba supeditada a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas al presupuesto.
Qué resolvió el juez Cormick
Cormick cuestionó precisamente esa condición y sostuvo que el decreto terminó funcionando como un mecanismo para impedir la aplicación efectiva de una ley que el Congreso había ratificado.
El magistrado consideró que la decisión del Poder Ejecutivo “no supera un test mínimo de razonabilidad” y señaló que, luego de la insistencia parlamentaria, no existía una instancia adicional para suspender la vigencia de la norma.
En uno de los puntos centrales de la sentencia, afirmó que el decreto configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
Por eso, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.
La resolución se suma a una medida cautelar que el mismo juzgado había dispuesto previamente y que ya había ordenado avanzar con la aplicación de la ley.
Salarios, funcionamiento y el impacto presupuestario
La Ley 27.795 contempla partidas para el funcionamiento de las universidades y establece mecanismos de actualización vinculados con los salarios de docentes y no docentes, además de recursos destinados a becas y otras necesidades del sistema universitario.
Uno de los argumentos del Gobierno había sido precisamente el impacto fiscal de la norma. Sin embargo, Cormick puso en duda que ese argumento pudiera justificar la suspensión de una ley aprobada por el Congreso.
El juez también señaló que durante 2024 y 2025 se habían prorrogado partidas presupuestarias anteriores y citó estimaciones según las cuales el impacto de la ley durante 2025 representaba alrededor del 0,23% del PBI nominal proyectado.
