La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes 6 de octubre convocar a dos conjueces para intervenir en una causa que cuestiona la validez del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras, luego de que los integrantes del máximo tribunal no alcanzaran una posición unánime. El sorteo de los magistrados que participarán del expediente se realizará en las próximas horas.
La decisión vuelve a colocar en el centro de la agenda judicial la discusión sobre el régimen que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Esta vez, el expediente fue impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, que planteó su reclamo desde la perspectiva de la protección ambiental.
Una nueva causa después del fallo sobre el CECIM
El expediente se originó en una presentación realizada ante la Justicia Federal de Bariloche. La organización ambiental cuestionó el artículo 154 del DNU 70/23 y sostuvo su planteo en el derecho a un ambiente protegido, reconocido por la Constitución Nacional. La causa posteriormente pasó por otras instancias judiciales sin que se resolviera el planteo de fondo.
La intervención de los conjueces se produce pocos días después de que la Corte rechazara una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) por una cuestión de legitimación procesal.
El máximo tribunal había aclarado que aquella decisión no implicaba pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154 ni impedía que otras causas vinculadas con la Ley de Tierras llegaran a ser analizadas.
En ese contexto, el expediente de Árbol de Pie adquiere especial relevancia porque plantea la controversia desde un vínculo directo con la protección ambiental. El régimen de procesos colectivos establece que las causas relacionadas con una misma cuestión pueden agruparse para evitar decisiones contradictorias.
Qué puede pasar ahora con la Ley de Tierras
La convocatoria a conjueces no significa que la Corte haya declarado inválido el artículo 154 ni que haya confirmado definitivamente su vigencia. El objetivo inmediato será completar la integración necesaria para que el tribunal pueda avanzar en el análisis de la causa.
La discusión tiene además una dimensión política y económica. La derogación de la Ley de Tierras eliminó las restricciones que establecía el régimen anterior para la adquisición de determinados inmuebles rurales por extranjeros, lo que generó cuestionamientos de organizaciones ambientales, comunidades indígenas y sectores políticos.
Ahora, el sorteo de los dos conjueces abrirá una nueva etapa en un expediente que podría convertirse en uno de los casos centrales para determinar qué alcance constitucional tiene la derogación dispuesta por el DNU 70/23.
