El Gobierno de Javier Milei creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior, una nueva estructura que funcionará dentro de la Cancillería y tendrá como objetivo coordinar las actividades internacionales de los distintos organismos de la Administración Pública Nacional que puedan afectar la política exterior argentina. El mecanismo fue establecido mediante el Decreto 983/2026, publicado este jueves, y tendrá entre sus prioridades aquellas gestiones vinculadas con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
La medida busca ordenar la acción exterior del Estado y evitar que diferentes áreas gubernamentales desarrollen reuniones, negociaciones o acuerdos internacionales sin una coordinación previa con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el decreto, el nuevo sistema deberá intervenir en aquellos asuntos que puedan generar consecuencias diplomáticas, jurídicas, institucionales o políticas para la Argentina.
El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de fortalecer los mecanismos de información y coordinación interna en un contexto de mayor interacción de los organismos nacionales con gobiernos extranjeros, organismos internacionales y otros actores institucionales del escenario global.
La Cancillería concentrará la coordinación
El Sistema de Articulación de la Política Exterior será coordinado por la Cancillería, aunque el decreto establece expresamente que esa intervención no modificará la dependencia jerárquica, administrativa ni funcional de los organismos que integran la Administración Pública Nacional.
Cada jurisdicción deberá designar una persona como “enlace”, que funcionará como canal institucional con la Cancillería y tendrá la responsabilidad de transmitir la información relacionada con las actividades internacionales alcanzadas por la norma.
Entre ellas figuran reuniones, comunicaciones, negociaciones y gestiones que puedan implicar la fijación de posiciones oficiales de la Argentina, afectar negociaciones diplomáticas en curso o involucrar la firma o discusión de acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas y otros instrumentos internacionales.
También deberán ser informadas aquellas actuaciones que puedan comprometer los lineamientos generales de la política exterior definidos por el Poder Ejecutivo.
El decreto, sin embargo, establece algunos límites. Las gestiones realizadas exclusivamente ante organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades similares quedarán fuera del sistema cuando se circunscriban a cuestiones financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas propios de cada jurisdicción.
La Cancillería podrá además formular advertencias, recomendaciones u orientaciones cuando considere que una actividad puede afectar los intereses internacionales del país. En esos casos, las observaciones deberán estar debidamente fundamentadas y podrán ser elevadas a la máxima autoridad del organismo involucrado cuando la relevancia del asunto lo amerite.
Malvinas queda en el centro de la nueva estructura
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es que incluye de manera explícita todas aquellas actividades que puedan estar vinculadas con las Malvinas o que puedan tener algún impacto, directo o indirecto, sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
El Gobierno sostiene que la defensa de los derechos soberanos sobre las islas exige una acción estatal coordinada y coherente en todos los ámbitos de las relaciones internacionales. Por eso, la nueva estructura tendrá también la función de monitorear las iniciativas de las distintas áreas del Estado que puedan cruzarse con esa estrategia.
El decreto recuerda que la Constitución Nacional establece que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes” y define como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía.
De esta manera, la Casa Rosada busca que la política exterior tenga una línea común y que las distintas áreas del Estado actúen bajo una misma coordinación cuando sus decisiones puedan proyectarse más allá de las fronteras. En particular, el Gobierno pretende que el reclamo por Malvinas no dependa únicamente de la actividad diplomática formal, sino que atraviese las distintas acciones internacionales del Estado.
La nueva estructura también contempla que, cuando una gestión internacional tenga una sensibilidad estratégica especial, los organismos puedan solicitar la asistencia de funcionarios del Servicio Exterior de la Nación u otros especialistas en política exterior. La Cancillería, a su vez, podrá proponer esa participación.
