La provincia de La Rioja suspendió por 180 días las ejecuciones prendarias mediante una ley impulsada a partir de una iniciativa del gobernador Ricardo Quintela y promovida por la diputada provincial Lourdes Ortiz, con el objetivo de otorgar a las personas endeudadas un plazo de seis meses para negociar con sus acreedores, reorganizar sus compromisos y evitar la pérdida inmediata de los bienes dados en garantía. La norma no elimina deudas ni modifica los contratos originales: establece una pausa temporal en los procesos de ejecución.
La medida apunta especialmente a familias que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones y que corren el riesgo de perder bienes afectados por una prenda. Según explicó Ortiz, la herramienta busca generar un espacio para que deudores y acreedores puedan alcanzar acuerdos antes de que avance la ejecución.
“Lo que hacemos con esta ley es suspender por 180 días las ejecuciones prendarias. El objetivo es que las personas no se queden desprovistas de los bienes que han sido sujetos de prenda y que puedan construir capacidad de pago”, sostuvo la legisladora.
La diputada aclaró que la Provincia no tiene facultades para modificar las deudas originales ni alterar las condiciones pactadas entre las partes. Por eso, el mecanismo aprobado se concentra exclusivamente en suspender durante seis meses la vía de ejecución.
“Esto no es para desendeudamiento, sino para posibilitar un tiempo para que los deudores puedan tener un espacio de negociación y de acuerdo con sus acreedores”, remarcó Ortiz.
Qué cambia durante los 180 días
Durante el período establecido por la ley, las personas alcanzadas por la medida tendrán un margen temporal para reorganizar sus finanzas, reconstruir su capacidad de pago y negociar alternativas con quienes otorgaron el crédito.
La intención oficial es encontrar un punto de equilibrio entre las partes. “El acreedor pueda cobrar y el deudor pueda pagar”, resumió Ortiz al explicar el objetivo de la iniciativa.
La legisladora también vinculó la decisión con el creciente nivel de endeudamiento de las familias. Según planteó, muchas personas recurren actualmente al crédito no para realizar consumos suntuarios, sino para cubrir necesidades básicas y gastos indispensables de la vida cotidiana.
En ese contexto, Ortiz sostuvo que el endeudamiento familiar alcanzó niveles extraordinarios y que la situación incluso supera, según su planteo, los niveles registrados durante la pandemia.
La problemática también abarca nuevas modalidades de financiamiento. La diputada mencionó el crecimiento de los créditos otorgados a través de billeteras virtuales y plataformas digitales, además de las dificultades que enfrentan quienes recurren a mecanismos informales para conseguir dinero.
La norma, sin embargo, mantiene un alcance específico: no perdona deudas, no cambia los montos adeudados y no modifica las condiciones contractuales. Su finalidad es establecer una pausa de 180 días en las ejecuciones prendarias para abrir un período de negociación.
