La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves 25 de junio de 2026 la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos centrales de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, al rechazar un recurso presentado por el Gobierno de Javier Milei por considerar que no existía una sentencia definitiva. La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y mantiene vigente, en esta etapa del expediente, la actualización salarial del personal docente y no docente de las universidades públicas y la recomposición de programas destinados al estudiantado, en una causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas casas de estudio contra el decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo.
Aunque el fallo no genera un impacto económico inmediato porque el Gobierno ya había firmado el 10 de junio un acta comprometiéndose a transferir fondos para una mejora de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000, la resolución de la Corte representa un respaldo institucional de peso a la ley de financiamiento universitario y deja en pie la cautelar que había sido dictada por la Justicia contencioso administrativa federal.
Qué resolvió la Corte y por qué el fallo fortalece la ley universitaria
La causa se originó a partir de un amparo colectivo promovido por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de varias universidades nacionales, que cuestionaron la validez del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había establecido que la ley 27.795 sólo podía ejecutarse una vez que se determinaran fuentes específicas de financiamiento.
Antes de resolver el fondo del expediente, la Justicia había ordenado como medida cautelar que el Estado cumpliera de inmediato con parte de la norma, en particular con los artículos 5 y 6, que contemplan dos aspectos sensibles para el funcionamiento del sistema universitario: por un lado, la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley; y por otro, la recomposición de todos los programas estudiantiles.
Ahora, al rechazar el recurso extraordinario del Gobierno, la Corte dejó vigente esa cautelar. En el texto del fallo, el máximo tribunal fue directo: “el recurso extraordinario (…) no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, razón por la cual desestimó la presentación del Poder Ejecutivo y también el pedido de excusación planteado en el expediente.
La resolución no entra todavía en el fondo de la discusión sobre la constitucionalidad del decreto ni sobre la validez integral de la ley, pero sí marca una señal política y judicial relevante: la cautelar sigue en pie y el Gobierno no logró frenarla en la Corte.
El trasfondo del conflicto entre el Gobierno y las universidades
El conflicto por el financiamiento universitario se convirtió en uno de los focos de mayor tensión entre la administración de Javier Milei y el sistema público de educación superior. La ley 27.795 fue sancionada en medio de una fuerte disputa por el ajuste presupuestario sobre las universidades, los salarios docentes y el sostenimiento de hospitales universitarios y becas estudiantiles.
Frente a ese escenario, el decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo intentó condicionar la aplicación de la ley a la determinación previa de fuentes específicas de financiamiento, una decisión que fue interpretada por las universidades como una forma de congelar o vaciar parcialmente su implementación. De allí surgió la presentación judicial que terminó con la cautelar ahora ratificada.
En términos prácticos, la decisión de la Corte llega después de que el Gobierno ya hubiera acordado una recomposición parcial con las universidades, por lo que no modifica de inmediato el flujo de fondos comprometido. Sin embargo, el valor del fallo está en otro lado: deja al descubierto que la estrategia judicial del oficialismo no prosperó y, además, consolida una señal de respaldo a la vigencia de la ley de financiamiento universitario mientras se sigue discutiendo el fondo del expediente.
En otras palabras, la Corte no resolvió todavía la batalla definitiva, pero sí dejó en claro que, por ahora, el Estado no puede desentenderse de una norma que obliga a recomponer salarios y sostener programas clave para el funcionamiento del sistema universitario argentino. Para el Gobierno, el revés no es económico en lo inmediato, pero sí político e institucional. Para las universidades, en cambio, es una bocanada de oxígeno en medio de una pelea que todavía está lejos de terminar.
