El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 en una jornada que se anticipa áspera, extensa y políticamente explosiva: el oficialismo buscará frenar el intento de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y al mismo tiempo intentará avanzar con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei dentro del paquete de reformas diseñadas por Federico Sturzenegger. La sesión, que había sido postergada la semana pasada, incluirá además acuerdos diplomáticos, convenios judiciales y la declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de julio.
El dato político central, sin embargo, estará al comienzo de la reunión. Allí se abrirá una discusión reglamentaria clave sobre los pedidos de interpelación a Adorni, que ya se convirtieron en un nuevo foco de tensión entre la Casa Rosada, el PRO y la oposición peronista. El debate girará en torno al artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula la citación y eventual remoción del jefe de Gabinete, y enfrentará dos interpretaciones opuestas: la del peronismo y parte de la oposición, que sostienen que la interpelación puede aprobarse por mayoría absoluta, y la del oficialismo, que buscará imponer la tesis de que, al tratarse de proyectos sin dictamen, solo pueden ser habilitados sobre tablas con dos tercios de los votos.
La pelea por Adorni abre la sesión y expone una nueva interna oficialista
La pulseada no es menor. El peronismo que conduce José Mayans asegura que mantendrá la postura acordada en la última reunión de Labor Parlamentaria, donde —según recuerdan en el bloque— la propia jefa de bancada oficialista, Patricia Bullrich, había coincidido en que el pedido de interpelación al jefe de Gabinete no debía tratarse como un proyecto ordinario más. Pero en las últimas horas el escenario cambió: con intervención directa de la Casa Rosada, La Libertad Avanza endureció su posición y ahora intentará, junto a sus aliados, bloquear el avance opositor exigiendo los dos tercios del cuerpo para habilitar el debate.
En el acta parlamentaria que circuló antes de la sesión, el oficialismo dejó asentada su interpretación. Allí se indica que los pedidos de interpelación fueron girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales y que, al no contar con dictamen, “el tratamiento del proyecto de resolución en el recinto solo podrá habilitarse mediante una moción de sobre tablas, aprobada por las dos terceras partes de los votos emitidos”. En otras palabras: si no hay acuerdo político amplio, la interpelación de Adorni volverá a comisión y el Gobierno ganará tiempo.
En la Casa Rosada se muestran confiados en ese resultado. Cerca del oficialismo aseguran que la oposición no tiene el número para forzar el tratamiento y remarcan que La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios, además del respaldo de al menos cuatro radicales, dos misioneros y un representante de Provincias Unidas. Con ese esquema, el Gobierno cree que puede bloquear la maniobra sin sobresaltos. “No tienen los votos y no los van a conseguir”, sintetizó una fuente de la mesa política oficialista en la previa de la sesión.
La disputa por Adorni, además, volvió a dejar al descubierto las tensiones entre el jefe de Gabinete y Patricia Bullrich. La senadora había anunciado días atrás la suspensión del informe de gestión que el funcionario debía brindar el 2 de julio, pero poco después el propio Adorni salió a desmentirla públicamente al asegurar que estaba a disposición del Senado. En el entorno de Bullrich no cayó bien la jugada y dejaron trascender su malestar: “Quiso sacar el tema de la agenda, pero con gente así no se puede”, deslizaron cerca de la ex ministra. Del otro lado, el círculo del jefe de Gabinete intentó bajar la espuma y negó que se tratara de un desafío interno.
Propiedad privada, tierras y desalojos: la otra batalla que quiere ganar el Gobierno
Superado el round reglamentario por Adorni, el Senado se meterá de lleno en el otro gran tema del día: el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa central del Gobierno libertario que llega al recinto después de varias modificaciones y una postergación forzada por las resistencias que generó dentro y fuera del Congreso.
La propuesta original, diseñada por Federico Sturzenegger, buscaba avanzar con una fuerte desregulación sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, acelerar desalojos, limitar expropiaciones y modificar la ley de manejo del fuego. Sin embargo, el texto debió ser corregido luego de que distintos sectores advirtieran sobre los riesgos de eliminar por completo los controles sobre la extranjerización de tierras.
Según las últimas negociaciones, el Senado debatirá una versión revisada que mantiene el espíritu aperturista del proyecto, pero incorpora límites. Entre ellos, la posibilidad de fijar un tope de kilómetros que podrá adquirir una empresa extranjera y la exigencia de un aval conjunto de las provincias, el Gobierno nacional y eventualmente el Congreso cuando intervengan capitales vinculados a otros Estados. Además, quedaría expresamente prohibida la compra de tierras por parte de Estados extranjeros o de sociedades y fondos en los que esos Estados tengan participación decisiva.
El capítulo sobre desalojos también aparece como uno de los puntos sensibles. El proyecto plantea un desalojo exprés para casos de inmuebles usurpados y mantiene el procedimiento actual para el resto de las controversias locativas, aunque fija un esquema más rápido para la intimación por falta de pago. El locador podrá notificar al inquilino en el domicilio real o electrónico denunciado en el contrato, y si no hay respuesta, iniciar una acción judicial que deberá tramitarse por la vía más breve prevista por la ley.
En materia de expropiaciones, el texto endurece el criterio y establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva, obligando al Estado a fundamentar con mayor precisión las razones de cada medida. A la vez, fija un tope del 30% de indemnización por lucro cesante, un punto que no estaba delimitado en la versión original. En paralelo, el proyecto elimina restricciones de la ley de manejo del fuego: deroga la prohibición de cambiar el uso de suelos rurales incendiados durante 30 años y reduce las limitaciones sobre bosques nativos, lo que ya despierta cuestionamientos de sectores ambientalistas y opositores.
En el oficialismo confían en que esta vez la ley saldrá. “Debería salir porque tenemos los votos”, aseguró uno de los armadores parlamentarios del Gobierno, que por estas horas trabaja en el poroteo fino para blindar tanto la ofensiva sobre Adorni como la sanción del proyecto de propiedad privada.
