El Gobierno nacional anunció este viernes el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante una licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado. La medida fue impulsada por la gestión de Javier Milei y presentada por el Ministerio de Economía como parte del plan de privatizaciones y reorganización estatal previsto en la Ley Bases.
La iniciativa alcanza a una de las principales empresas de servicios públicos del país, encargada de la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. El proceso estará coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y buscará incorporar un operador privado con experiencia comprobada en el sector.
“Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”, anunció en el día de ayer el ministro de Economía, Luis Caputo.
La decisión representa uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia de desestatización y se suma a otros procesos similares proyectados para empresas públicas estratégicas.
Cómo será el proceso y quiénes aparecen entre los interesados
El comunicado oficial del Ministerio de Economía detalló que la privatización se realizará mediante una licitación de etapa múltiple, con evaluaciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales.
“El procedimiento se desarrollará mediante una licitación pública nacional e internacional con estrictos criterios técnicos, financieros y legales, garantizando un proceso competitivo”, señaló el texto difundido por la cartera económica.
El cronograma oficial establece que las ofertas podrán presentarse hasta el 27 de agosto. Luego se abrirá una etapa de análisis y precalificación para definir a los oferentes que pasarán a la instancia económica.
El plan oficial prevé vender al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico”, mientras que una parte del capital restante podría colocarse en el mercado. El 10% continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).
Entre los grupos empresarios mencionados como potenciales interesados figuran Edison Energía —integrada por la familia Neuss junto a accionistas vinculados a Havanna y Newsan—, Mauricio Filiberti, el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.
El argumento oficial: inversión, modernización y menor presencia estatal
Desde el Gobierno sostienen que la incorporación de capital privado permitirá mejorar la infraestructura, ampliar la capacidad de inversión y modernizar el servicio.
“La incorporación de un operador estratégico permitirá fortalecer la capacidad de inversión, asegurar la modernización de la infraestructura y consolidar un esquema sostenible”, indicó el comunicado.
Además, el Ministerio de Economía reafirmó la visión oficial sobre el rol del Estado en el sistema económico.
“El Estado no debe administrar empresas, sino generar condiciones para que el sector privado invierta, compita y mejore los servicios para todos los argentinos”, afirmó el documento.
La concesión tendrá una duración inicial de 30 años, con posibilidad de extenderse por otros diez. AySA se suma así a la lista de empresas sujetas a privatización junto con Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
