La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves el recurso de per saltum presentado por el Gobierno de Javier Milei para que el máximo tribunal intervenga de manera inmediata en la causa judicial que analiza la validez de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que no se cumplen los requisitos legales para habilitar el salto de instancia solicitado por el Poder Ejecutivo.
De esta manera, el expediente continuará su recorrido habitual en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo antes de eventualmente llegar nuevamente al máximo tribunal.
El Gobierno había impulsado el per saltum a través de la Secretaría de Trabajo, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, luego de que el juez laboral Raúl Horacio Ojeda suspendiera cautelarmente más de 80 artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso.
Sin embargo, antes de que la Corte resolviera, la Cámara del Trabajo ya había restituido la vigencia de los artículos cuestionados.
Qué dijo la Corte y cómo sigue la causa
En la resolución conocida este jueves, la Corte sostuvo que “no se observan los requisitos” previstos en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial para habilitar la vía extraordinaria del per saltum.
Con esa definición, el máximo tribunal declaró “inadmisible el recurso interpuesto” por el Estado nacional el pasado 16 de abril.
El per saltum es un mecanismo excepcional que permite saltear instancias judiciales cuando existe una causa de gravedad institucional y la cuestión tramita bajo competencia federal. En este caso, los magistrados entendieron que esas condiciones no estaban acreditadas.
Además, fuentes judiciales señalaron que el planteo oficial había perdido parte de su sentido práctico debido a que la reforma laboral actualmente se encuentra vigente.
Eso ocurrió luego de que los camaristas Arturo Pesino y María González resolvieran otorgarle efecto devolutivo a la apelación, lo que permitió que los artículos suspendidos recuperaran vigencia mientras se analiza el fondo de la cuestión.
El conflicto judicial detrás de la reforma laboral
La disputa comenzó tras una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que solicitó la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.802 y pidió una medida cautelar para frenar su aplicación.
La central obrera argumentó que la reforma vulnera garantías constitucionales vinculadas a la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.
El juez Ojeda hizo lugar parcialmente al pedido y suspendió 82 artículos de la norma con alcance general, lo que motivó la reacción inmediata del Gobierno nacional.
En su presentación ante la Corte, la Procuración del Tesoro sostuvo que el magistrado laboral no tenía competencia para intervenir y reclamó la intervención urgente del máximo tribunal.
No obstante, con el rechazo del per saltum, la causa seguirá ahora en la Cámara del Trabajo, que deberá definir si mantiene o revoca la cautelar sobre la reforma impulsada por la administración libertaria.
