La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes el decomiso y ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad. La decisión ratifica la recuperación de activos por corrupción y ordena avanzar con la ejecución patrimonial para cubrir un monto cercano a los $685.000 millones, considerado el perjuicio al Estado.
El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña —con disidencia parcial de Borinsky respecto a los bienes de los hijos de la exmandataria—, consolida un criterio central: “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.
Un decomiso millonario y con impacto patrimonial
La resolución judicial habilita la ejecución de más de un centenar de bienes, entre ellos propiedades, vehículos y fondos en cuentas bancarias, con el objetivo de resarcir el daño económico causado por la maniobra de corrupción investigada.
Según el expediente, el Tribunal Oral Federal 2 había fijado el monto del decomiso en $684.990.350.139,86, cifra que ahora deberá cubrirse mediante la liquidación de activos.
Entre los bienes alcanzados figuran:
- Más de 100 inmuebles vinculados a los condenados
- Propiedades en Río Gallegos y Lago Argentino
- Cajas de seguridad con millones de dólares
- Vehículos y cuentas bancarias
En ese contexto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían advertido que los condenados “todavía no han depositado ni un solo peso”, y señalaron que “la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme”.
El criterio de la Justicia y el rechazo a las defensas
El tribunal rechazó los planteos de las defensas, que buscaban frenar las subastas argumentando que los bienes no correspondían al período investigado o que habían sido transferidos legalmente.
Los jueces sostuvieron que exigir un seguimiento exacto del dinero ilícito es inviable en casos de corrupción compleja:
“Exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso”, remarcaron.
Además, destacaron que no es necesario identificar el mismo bien proveniente del delito, ya que:
“el dinero es fungible y puede transformarse o mezclarse con activos lícitos”.
El fallo también establece que quienes reclamen derechos sobre los bienes deberán hacerlo por vías civiles o administrativas, sin frenar el proceso de ejecución.
La decisión de Casación deja firme uno de los puntos más sensibles de la causa Vialidad y allana el camino para que los bienes pasen a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá la responsabilidad de avanzar en la recuperación efectiva de los activos.
