El Gobierno nacional oficializó la decisión de poner en concesión —bajo un esquema que en la práctica implica su “venta operativa”— la Terminal de Ómnibus de Retiro mediante el Decreto 273/2026, con el objetivo de “modernizarla integralmente y transferir su gestión al sector privado por 30 años”. La medida fue impulsada por la administración de Javier Milei y prevé una licitación pública con financiamiento 100% privado para renovar el principal nodo de transporte terrestre del país.
La iniciativa alcanza a la terminal ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, por donde circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año, con más de 300 mil servicios que conectan todo el país y destinos internacionales. Según el comunicado, “el proyecto busca revertir décadas de deterioro estructural y falta de inversión”.
El Gobierno plantea “un cambio de paradigma en la gestión de infraestructura”: el nuevo concesionario deberá hacerse cargo de toda la inversión, operación y mantenimiento del predio, sin aporte estatal, y a cambio explotará comercialmente el espacio durante tres décadas, pagando un canon mensual al Estado.
Desde la Casa Rosada sostienen que el nuevo esquema responde al ordenamiento económico reciente y permitirá avanzar sin comprometer recursos públicos. En ese sentido, remarcan que el objetivo es “modernizar integralmente la terminal, mejorar la experiencia de los usuarios y ampliar su capacidad operativa”.
Entre las obras previstas se incluyen:
- Reacondicionamiento total del edificio
- Incorporación de nuevas dársenas
- Mejora en seguridad, iluminación y confort
- Optimización del tránsito en la zona
- Desarrollo de espacios comerciales complementarios
Además, el proyecto apunta a integrar mejor la terminal con su entorno urbano, en una de las zonas más transitadas de la Ciudad.
Fin de una concesión de 30 años y críticas al estado actual
La decisión también marca el cierre de un ciclo: la terminal está concesionada desde 1993 a la empresa TEBA S.A., vinculada al empresario Néstor Otero. El contrato original venció en 2005 y fue prorrogado sucesivamente sin una nueva licitación competitiva.
Durante años, el servicio fue cuestionado por su deterioro. Desde el Gobierno aseguran que la terminal presenta “instalaciones deficientes, problemas de seguridad, falta de iluminación y condiciones de confort insuficientes”, lo que impacta directamente en millones de usuarios.
El esquema actual funcionaba con contratos vencidos y prórrogas transitorias, sin incentivos para inversiones de fondo. También se registró una pérdida del valor real del canon que la empresa debía pagar al Estado.
Con esta nueva licitación, el Ejecutivo busca ordenar definitivamente la concesión y establecer reglas claras para atraer inversión privada en infraestructura.
El Ministerio de Economía será el encargado de llevar adelante el proceso licitatorio, desde la elaboración de los pliegos hasta la adjudicación final. Mientras tanto, el operador actual continuará prestando el servicio para garantizar la continuidad.
