Una nueva polémica se desató, luego de que se conociera que funcionarios del Gobierno nacional y legisladores oficialistas accedieron a créditos del Banco Nación, según datos de la Central de Deudores del BCRA, lo que generó cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones, mientras desde la entidad aseguran que no hubo privilegios ni excepciones en el otorgamiento.
La información surge de un relevamiento sobre personas políticamente expuestas, que incluye préstamos millonarios otorgados durante 2025 bajo distintas líneas crediticias.
Quiénes son los funcionarios que accedieron a créditos
Entre los principales nombres figuran:
- Juan Pedro Inchauspe: $510 millones
- Felipe Núñez: $373 millones
- Federico Furiase: $367 millones
- Emiliano Mongilardi: $302 millones
- Juan Pablo Carreira: $112 millones
- Mariano Campero: $279 millones
- Santiago Santurio: $303 millones
- Lorena Villaverde: $227 millones
- Alejandro Bongiovanni: $255 millones
- María Frías: aproximadamente US$ 145.000
- Alejandro Carrancio: aproximadamente US$ 145.000
Los montos corresponden, en su mayoría, a créditos hipotecarios ajustados por UVA, una herramienta que se actualiza en función de la inflación.
La defensa de Campero y el debate político
Por su parte, el del diputado tucumano Mariano Campero, quien salió a responder públicamente a las críticas.
“Nunca me beneficié con un crédito millonario del Banco Nación. Eso es malicioso”, afirmó.
En esa línea, aclaró que se trata de un crédito hipotecario en UVA accesible a cualquier ciudadano que cumpla los requisitos:
“No se trata de un crédito discrecional ni excepcional, sino de una línea abierta a cualquier argentino que califique”
El legislador también remarcó que no se trata de un privilegio sino de una deuda:
“Un préstamo hipotecario no es un beneficio político. Es una deuda que nos permite tener nuestra casa”
Campero explicó que el crédito fue tomado en mayo de 2025 por $275 millones para adquirir su vivienda familiar y que, debido a la actualización por inflación, actualmente asciende a $322 millones.
Además, detalló que el proceso de aprobación comenzó meses antes y que no tuvo relación con su actividad legislativa.
