El Ministerio de Justicia de la Nación anunció el inicio del proceso de verificación y actualización de antecedentes para avanzar en la cobertura de más de 330 vacantes en el Poder Judicial, que incluyen cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales.
La medida apunta a destrabar uno de los principales déficits estructurales del sistema judicial argentino: la gran cantidad de puestos sin cubrir que afectan el funcionamiento de tribunales en distintas jurisdicciones del país.
Según el comunicado oficial difundido por la cartera, el procedimiento se realizará en base a los requisitos establecidos por el Decreto 588/2003, normativa que regula el proceso de designación de magistrados.
“Se iniciará la verificación y actualización de todos los requisitos establecidos para las vacantes existentes en el Poder Ejecutivo”, indicó el Ministerio de Justicia.
Más de 330 cargos judiciales vacantes
El relevamiento contempla 200 vacantes de jueces, además de 65 fiscales y 72 defensores oficiales, cargos que deberán avanzar en las distintas etapas administrativas antes de su eventual designación.
El proceso busca habilitar el envío de los pliegos correspondientes para que puedan continuar su trámite institucional.
El objetivo es “habilitar las vacantes para continuar con el procedimiento de selección y el envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación”.
Para avanzar con esta etapa, el Ministerio solicitará información al Registro Nacional de Reincidencia, organismo que centraliza los antecedentes penales de las personas involucradas en procesos judiciales.
Controles patrimoniales y fiscales
Además de la verificación de antecedentes penales, el Gobierno realizará controles patrimoniales y fiscales sobre los candidatos que integran las ternas.
Según se explicó en el comunicado, se revisará que los postulantes tengan su situación patrimonial y sus obligaciones impositivas debidamente registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
También se verificará “la situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de las personas propuestas”.
