En una sesión marcada por fuertes cruces políticos, el Senado aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo obtuvo 40 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención, y ahora será tratada en la Cámara de Diputados.
El proyecto redefine el alcance de las zonas protegidas y habilita actividades productivas en determinadas áreas periglaciares que hasta ahora estaban restringidas. La votación dividió a varias bancadas, aunque La Libertad Avanza acompañó en bloque la propuesta oficial.
Federalismo, ambiente y desarrollo: el eje del debate
Al abrir la discusión, la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut), presidenta de la Comisión de Ambiente, repasó el trabajo en comisión y cuestionó el contenido de la reforma. En contraposición, el senador Agustín Coto (LLA) defendió la actualización normativa al afirmar: “Después de 15 años estamos resolviendo dudas y normalizando una ley conforme a la Constitución Nacional y a lo que solicita la Corte Suprema”.
Uno de los puntos centrales del nuevo texto es que cada provincia podrá determinar la autoridad de aplicación —salvo en áreas protegidas por Parques Nacionales— y definir, con base técnico-científica, qué formaciones cumplen funciones hídricas estratégicas. Es decir, solo quedarían blindadas aquellas que actúen como reservas de agua o proveedoras para la recarga de cuencas.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. En esa línea, la senadora Patricia Bullrich (LLA) cerró el debate con una definición contundente: “Estamos cambiando profundamente a la Argentina porque no queremos discutir más esta lógica ridícula y retrógrada entre ambiente y economía”.
Críticas por el procedimiento y el impacto ambiental
Del lado opositor, la senadora Anabel Fernández Sagasti (PJ) cuestionó la rapidez del trámite parlamentario y alertó sobre las consecuencias de la modificación. Legisladores del interbloque peronista advirtieron que el nuevo esquema podría fragmentar criterios de conservación y debilitar el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
En esa línea, el pampeano Pablo Bensusán lanzó una crítica directa al oficialismo al considerar que el proyecto es “anticientífico, irresponsable y un delirio”, al permitir que cada provincia establezca sus propios criterios de identificación.
La discusión también se cruzó con la reciente aprobación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, ya que algunos senadores advirtieron posibles contradicciones con estándares ambientales internacionales.
La reforma responde, además, a una estrategia del Gobierno nacional y de varios gobernadores cordilleranos para atraer inversiones en minería e hidrocarburos, con el argumento de dinamizar economías regionales en un contexto de recesión. Ahora, define diputados.
