La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió convocar a un paro general de 24 horas el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida marca el cuarto paro nacional contra la gestión libertaria y confirma una etapa de mayor conflictividad entre la central obrera y la Casa Rosada.
La decisión se tomó en una reunión virtual de urgencia del Consejo Directivo cegetista, ante la posibilidad de que la sesión en la Cámara baja se realice este jueves 19 de febrero. Si el oficialismo necesita negociar y el debate se posterga, la huelga podría trasladarse al miércoles 25.
Según trascendió, el paro será sin movilización al Congreso, pero con adhesión total del transporte, lo que garantiza un fuerte impacto en todo el país.
Transporte garantizado y presión sindical
Uno de los puntos clave era la postura de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que no integra actualmente la conducción cegetista y en ocasiones anteriores evitó sumarse a paros generales. Sin embargo, esta vez confirmó su adhesión.
Desde el gremio de colectiveros señalaron: “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”.
La medida también contará con el respaldo de la Unión Ferroviaria, La Fraternidad, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Camioneros, aeronavegantes, marítimos y personal del subte, entre otros.
En la reunión hubo dirigentes que propusieron sumar una movilización al Congreso, como ocurrió la semana pasada. El cotitular de la CGT Octavio Argüello (Camioneros) impulsó esa alternativa, acompañado por referentes de la UOM y bancarios. Sin embargo, finalmente se optó por una paralización total de actividades sin marcha callejera.
Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la central, ya había anticipado el clima interno: “Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.
El artículo 44 y la chispa que encendió el conflicto
El malestar sindical se profundizó tras la aprobación en el Senado del artículo 44, que modifica el régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral. El texto establece que el trabajador percibirá el 50% del salario en caso de enfermedad no vinculada al trabajo, y un 75% si no hubo conducta voluntaria ni conocimiento del riesgo.
Desde la CGT sostienen que ese punto no formó parte del debate original y que representa un retroceso en derechos laborales históricos.
Además del esquema de licencias, los gremios rechazan modificaciones en indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones y derecho a huelga.
Aunque el oficialismo logró mantener las contribuciones patronales destinadas a obras sociales —un reclamo central de los sindicatos— el recorte en las licencias médicas terminó por acelerar la medida de fuerza.
