El Ministerio de Justicia informó que el Estado argentino reitera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su pedido para que Milagro Sala deje de cumplir prisión domiciliaria y sea trasladada a una unidad penitenciaria común para finalizar su condena.
La posición oficial quedó plasmada en un comunicado difundido este 5 de febrero de 2026, en el que se cuestiona la vigencia de la medida cautelar que mantiene a la dirigente jujeña fuera de la cárcel desde 2017.
El planteo del Gobierno ante la CIDH
Según el texto oficial, el Ejecutivo considera que no existen razones legales ni humanitarias que justifiquen que Milagro Sala continúe bajo el régimen de prisión domiciliaria. El Ministerio de Justicia sostuvo que la dirigente, condenada por delitos como asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, debería cumplir su pena en igualdad de condiciones que el resto de los detenidos.
Sala fue condenada a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta, y para el Gobierno, mantenerla fuera de una cárcel común implica un privilegio incompatible con el principio de igualdad ante la ley.
Rechazo a las denuncias por “hostigamiento judicial”
El Estado argentino también rechazó las denuncias de “hostigamiento judicial” planteadas por la defensa de Sala ante organismos internacionales. En ese sentido, acompañó documentación que, según el comunicado, demuestra que la dirigente violó en reiteradas oportunidades las condiciones de su prisión domiciliaria, incluyendo cambios de domicilio sin autorización judicial.
El Gobierno argumentó que estas infracciones activaron alertas del sistema de monitoreo electrónico y obligaron a reforzar los mecanismos de control previstos en el régimen de ejecución penal.
Cambio de postura bajo la gestión Milei
El comunicado marca un cambio político y discursivo respecto de etapas anteriores. Desde la administración del presidente Javier Milei, se remarcó que los derechos humanos “no pueden ser utilizados para garantizar impunidad ni para sostener privilegios”.
“La República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales, pero no puede aceptar que una medida de la CIDH se transforme en un beneficio permanente para una persona condenada por delitos graves”, sostiene el texto oficial.
“Los derechos humanos no son para blindar condenados”
En un tono enfático, el Ministerio de Justicia señaló que los derechos humanos deben servir para proteger a las personas, no para “blindar a condenados ni garantizar impunidad”. Y concluyó con una definición contundente: “En la nueva Argentina no hay lugar para privilegios de una casta que se enriqueció a costa de los ciudadanos”.
