Argentina atraviesa una de esas semanas en las que la política parece un tablero con dos partidas simultáneas. En una, el Gobierno empuja la reforma laboral desde el 2 de febrero, con negociadores que miden cada voto y cada gesto provincial. En la otra, el peronismo bonaerense intenta evitar una implosión interna que amenaza con dejarlo fuera de juego justo cuando el oficialismo acelera.
Diego Santilli se movió como emisario central del Ejecutivo. Se reunió con gobernadores, escuchó objeciones y recogió advertencias. Dijo que el clima fue “positivo”, aunque en Balcarce 50 admiten que hay artículos que tensan la cuerda al máximo. La reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta de lleno en la recaudación provincial, es el nudo más espeso. También generan resistencia los cambios en el régimen de indemnizaciones, la flexibilización de convenios colectivos y los límites a la litigiosidad laboral, puntos que los gobernadores miran con desconfianza porque saben que el costo político se paga en casa.
El Gobierno confía en tener mayoría para el núcleo duro de la ley. Patricia Bullrich articula en el Senado, Martín Menem ordena Diputados y Santilli mantiene la línea abierta con las provincias bajo la supervisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Pero incluso dentro del oficialismo reconocen que si no hay concesiones finas, la ley puede empantanarse. “Toda la primera parte no se toca”, repiten. Lo que podría cambiar, dicen, serán detalles. El problema es que, en política, los detalles suelen definir el resultado.
En paralelo, el peronismo bonaerense jugó su propia carta para evitar un escenario que todos describían con la misma palabra: caos. Máximo Kirchner ofreció formalmente que Axel Kicillof asuma la presidencia del PJ bonaerense. La propuesta no fue improvisada. Fue una decisión política de alto voltaje, conversada con Cristina Fernández de Kirchner, y tuvo un dato clave: funcionó como un guiño explícito a la proyección presidencial del gobernador.
El acuerdo nació más del miedo que del entusiasmo. En ambos sectores coincidían en que una interna partidaria podía descontrolarse. Temían una participación bajísima por el desinterés de los afiliados, la falta de reglas claras y un proceso sin arbitrajes firmes que terminara en denuncias cruzadas y fracturas difíciles de soldar. Nadie quería urnas vacías y un partido roto en pleno reordenamiento nacional. Además lo que no se dice. Cristina la está pasando mal en su régimen de detención domiciliario.
La jugada de Máximo tiene letra chica. Aceptar que Kicillof conduzca el PJ bonaerense implica, a cambio, conservar la capacidad de incidir en la definición del candidato a gobernador y replegarse políticamente en la provincia. Es una retirada estratégica más que una rendición. También es una forma de ordenar el tablero interno mientras se deja correr a Kicillof en la escena nacional, hoy posicionado como el principal referente opositor.
Los negociadores del peronismo fueron claros y concretos. Del lado del kicillofismo, Verónica Magario, Julio Alak y los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro empujaron la idea de una conducción alineada con la gestión provincial. Del lado del cristinismo, Mariel Fernández y el propio Máximo Kirchner operaron para evitar una ruptura y sostener los equilibrios históricos del espacio. No hubo épica. Hubo cálculo.
Las fuentes indican que el jueves a las 22hs. hubo un ofrecimiento concreto, pero al gobernador mucho no lo seduce. Sabiendo que Magario no reúne los requisitos para que no haya elecciones, el nombre que sugieren es el de Julio Alak. Por primera vez en muchos años, el kirchnerismo tiene escaso poder de daño. Kicillof quiere dejar atrás de una vez por todas la contienda bonaerense, para comenzar a caminar el país. Milei también lo quiere a Kicillof de adversario.
Así, mientras el Gobierno discute cómo “modernizar” el trabajo argentino y enfrenta la resistencia por los artículos más sensibles de la reforma laboral, el peronismo intenta “modernizar” su conducción sin pasar por el trauma de una elección interna. Dos reformas distintas, pero conectadas. Una se debate en el Congreso. La otra, en reuniones cerradas y mensajes cruzados.
El gobierno seguramente saldrá airoso de este período de sesiones extraordinarias con las leyes propuestas. El otro tema es la Reforma del Régimen Penal Juvenil. Un problema que crece. De todas maneras el gobierno se mantiene expectante más allá de los indicadores. Algunos ponen como tope Julio para que la supuesta reactivación económica comience a derramar. Sino, ya no alcanzará sólo con la batalla cultural.
Argentina está en obra. El oficialismo martilla sobre el mercado laboral. El peronismo ajusta sus propias columnas para que el edificio no se le venga abajo. En ambos casos, el margen de error es mínimo. Porque cuando el fuego avanza y el piso cruje, la política ya no discute solo ideas: discute supervivencia.
