El Gobierno nacional presentó en las últimas horas un pedido formal ante la jueza Loretta Preska, del Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York, para que se suspenda el proceso de discovery y el pedido de desacato impulsado por los demandantes en el litigio vinculado a YPF. La solicitud fue elevada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza la estrategia jurídica del Estado argentino en la causa.
En el escrito, la Argentina advirtió que el accionar de los fondos demandantes constituye un “hostigamiento sistemático” contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos. Según la presentación oficial, los pedidos de información se volvieron “intrusivos, desproporcionados y ajenos al objeto del proceso”, con un impacto directo sobre la soberanía nacional y las relaciones internacionales.
Un reclamo por la soberanía y los límites del proceso
Desde la Procuración del Tesoro recordaron que, a diferencia de lo ocurrido durante administraciones anteriores —cuando el país fue declarado en desacato en tres oportunidades—, desde diciembre de 2023 la Argentina cumplió de manera plena con el discovery ordenado por el tribunal. En ese marco, subrayaron que el Estado realizó un “esfuerzo extraordinario”, con una entrega de información “sin precedentes” por su volumen y alcance.
Sin embargo, el Gobierno sostuvo que, pese a ese cumplimiento, los demandantes intensificaron sus exigencias y avanzaron con pedidos jurídicamente inaceptables. Entre ellos, mencionaron la reciente solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina, un planteo que fue calificado como manifiestamente improcedente.
Reservas del Banco Central y advertencia al tribunal
En el escrito, la Procuración aclaró que las reservas de oro son propiedad del Banco Central y, como tales, están protegidas por la inmunidad de ejecución. Esto implica que se trata de activos no embargables, por lo que cualquier requerimiento de información sobre ellos carece de sustento legal.
El Gobierno también alertó que el discovery dejó de cumplir su función procesal y se transformó en una herramienta de presión destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino. En ese sentido, sostuvo que los demandantes expresaron de manera explícita su objetivo de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica del país, una conducta que calificó como inaceptable tanto desde el punto de vista jurídico como moral.
Finalmente, la Argentina ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles, en todas las instancias judiciales, para defender su soberanía, el Estado de Derecho y frenar pedidos que vulneren la Constitución, las leyes nacionales y los principios básicos del derecho internacional.
