El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó de manera total el proyecto de ley que buscaba reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro y de otros condenados por el intento de golpe de Estado, incluidos los episodios violentos del 8 de enero de 2023 en Brasilia. La iniciativa, conocida como Proyecto de Ley de Sentencias, había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados y el Senado.
La firma del veto se realizó este jueves en el Palácio do Planalto, durante un acto oficial que conmemoró el tercer aniversario del asalto a las sedes de los Tres Poderes, cuando grupos bolsonaristas atacaron el Congreso, el Palacio presidencial y el Supremo Tribunal Federal. La decisión fue celebrada por funcionarios y dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), que consideran que la norma ponía en riesgo la rendición de cuentas por los hechos golpistas.
Desde el inicio del debate legislativo, Lula había anticipado públicamente que no permitiría una ley que pudiera beneficiar a aliados políticos o debilitar las condenas vinculadas a ataques contra el Estado Democrático de Derecho. El veto, por lo tanto, no tomó por sorpresa al oficialismo ni a buena parte del arco político brasileño.
Qué establecía el proyecto y por qué fue vetado
El texto aprobado por el Congreso incluía cambios significativos en el régimen de penas para los condenados por delitos vinculados al intento de golpe. Entre los puntos centrales, proponía agilizar el acceso a regímenes más flexibles de detención, reducir hasta dos tercios de la pena para los autores de actos vandálicos del 8 de enero y permitir que los condenados accedieran al régimen semiabierto tras cumplir solo el 16% de la condena, en lugar del 25% vigente.
Además, el proyecto establecía que el delito de intento de golpe de Estado absorbiera otras figuras penales, como el intento de abolición del orden democrático, lo que en la práctica podía reducir las penas finales en casos de condenas múltiples. Para el gobierno de Lula, estos cambios relativizaban la gravedad institucional de los hechos y sentaban un precedente riesgoso.
El futuro del veto y el rol del Congreso
Aunque el veto presidencial ya fue formalizado, el proceso legislativo aún no está cerrado. La Constitución brasileña habilita al Congreso a confirmar o rechazar la decisión del Ejecutivo en una sesión conjunta de diputados y senadores. Para revertir el veto, se necesitarán 257 votos en la Cámara de Diputados y 41 en el Senado.
Si el Congreso lograra imponer el texto original, la ley podría entrar en vigencia, aunque no sin obstáculos. En ese escenario, partidos políticos, la Procuraduría General de la República, organizaciones profesionales e incluso el propio gobierno estarían habilitados para impugnar la norma ante el Supremo Tribunal Federal.
De llegar a la Corte, serán los jueces quienes definan si la ley se ajusta a la Constitución. En caso contrario, podría ser declarada inconstitucional y anulada, reabriendo un capítulo clave en la disputa política y judicial sobre las responsabilidades del intento de golpe que sacudió a Brasil tras la salida de Bolsonaro del poder.
