El Gobierno nacional salió a defender públicamente el Decreto de Necesidad y Urgencia que reformula el Sistema de Inteligencia Nacional, luego de las duras críticas de la oposición, que advirtió sobre un posible avance contra el control democrático. Desde el Ejecutivo aseguran que se trata de una “reforma de segunda generación” destinada a modernizar, ordenar y limitar las competencias del área, alineándola con estándares republicanos y con los desafíos actuales.
Según el comunicado oficial, el DNU 941/25 apunta a dejar atrás décadas de uso discrecional y opaco de los servicios de inteligencia. La Casa Rosada sostiene que el eje central de la reforma es clarificar funciones, achicar estructuras y concentrar al sistema en su misión esencial: producir información estratégica para asistir la toma de decisiones de las autoridades electas.
Qué cambia en la estructura del sistema de inteligencia
Uno de los puntos centrales del decreto es la eliminación de tareas que, de acuerdo con el Gobierno, nunca debieron estar bajo la órbita de la inteligencia estatal. La seguridad interna queda definitivamente en manos del Ministerio de Seguridad, mientras que la protección de infraestructuras críticas y sistemas de información pasa a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
En paralelo, se redefine el rol de la ex Agencia de Seguridad Nacional, que ahora queda circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia. Desde el Ejecutivo remarcan que esta función se limita a proteger al Estado argentino frente a acciones de espionaje o injerencia de agentes externos, y que se busca poner fin a prácticas del pasado vinculadas al espionaje interno y la persecución política.
La reforma también elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, al considerar que duplicaba funciones con organismos del Estado Mayor Conjunto, y avanza en un proceso de racionalización para reducir superposiciones y estructuras innecesarias.
El argumento oficial frente a las críticas opositoras
Mientras sectores de la oposición advierten que el DNU amplía el poder de la SIDE y debilita el control parlamentario, el Gobierno sostiene lo contrario. En su explicación, remarca que el nuevo esquema incorpora mecanismos de trazabilidad, automatización y registro obligatorio en el intercambio de información con otros organismos del Estado.
Según el comunicado, cada requerimiento y cada flujo de datos quedará registrado, lo que —afirman— reduce la discrecionalidad, fortalece los controles legales y técnicos y mejora la supervisión presupuestaria. Para la Casa Rosada, este sistema garantiza mayor transparencia interna y evita abusos.
