El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra Francisco Langeri Bullrich, hijo de la senadora nacional Patricia Bullrich, y contra Fernando Goijman, en una causa que incluye acusaciones por evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita. La presentación judicial se produce en un contexto de fuerte tensión política y mediática, atravesado por las denuncias cruzadas entre el oficialismo y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Dalbón, quien representa entre otros a Claudio “Chiqui” Tapia, a Pablo Toviggino y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, formalizó la denuncia ante la Justicia Federal y solicitó medidas urgentes, entre ellas una orden de presentación con allanamiento en subsidio. El escrito también incluye a la propia Patricia Bullrich, a quien se menciona en el marco de una presunta estructura societaria vinculada a actividades comerciales de gran escala.
La acusación y el foco en el entramado empresarial
Según el texto presentado por Dalbón, Francisco Langeri Bullrich aparece vinculado a una red de más de 70 bares y locales gastronómicos que operan bajo esquemas de franquicias, a través de las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A. La denuncia sostiene que este entramado empresarial estaría bajo sospecha por presuntas irregularidades fiscales y financieras, tipificadas en la ley penal tributaria y en los artículos 210 y 303 del Código Penal.
La acusación toma como base una investigación periodística difundida por el programa TLN Denuncia, emitido por Canal 9 y replicado por el medio La Ciudad, donde se expone el crecimiento patrimonial y la expansión comercial de las empresas mencionadas. Dalbón considera que esos elementos ameritan una investigación judicial profunda para determinar el origen de los fondos y la legalidad de las operaciones.
El trasfondo político y el cruce con la AFA
La denuncia se conoce apenas un día después de que Patricia Bullrich presentara un escrito ante el Comité de Ética de la Conmebol, en el que cuestionó el manejo de los recursos económicos de la AFA y apuntó directamente contra Tapia y Toviggino. Ese movimiento fue interpretado en el ambiente político y deportivo como un gesto de alto impacto simbólico, más que como una acción con efectos concretos inmediatos.
