Un fuerte operativo judicial sacudió este lunes el sur del conurbano bonaerense. Por orden del juez federal Luis Armella se realizaron 19 allanamientos simultáneos en Adrogué y Banfield, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. El foco está puesto sobre la financiera Sur Finanzas, cuya sede de Francisco Seguí al 700 fue intervenida por fuerzas federales. El Club Atlético Banfield también fue allanado como parte de las diligencias.
La causa toma especial relevancia por sus vínculos con el fútbol de Primera División. Aunque el expediente no apunta directamente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, sí observa de cerca movimientos ligados a la dirigencia del Taladro y a la estructura financiera que rodea al club.
El eje de la pesquisa es la transferencia de Agustín Urzi al club mexicano Juárez. La justicia sospecha que detrás de la operación deportiva pudo existir un circuito de blanqueo de fondos. En particular, se investiga un préstamo de 2 millones de euros que la firma Auri —relacionada con Sur Finanzas— otorgó a Banfield en paralelo a la negociación por el futbolista. Los investigadores buscan determinar si se trató de un mecanismo para introducir dinero de origen ilícito y hacerlo aparecer como recursos legítimos del club.
Por su parte, el club Banfield hizo un comunicado y afirma que “se encuentra sometido a un procedimiento judicial, dentro del cual se llevan a cabo una serie de allanamientos a raíz de la investigación del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, por gestiones realizadas entre el 2019 y el 2023.
Desde el club nos pusimos a entera disposición de la justicia colaborando con todo lo necesario para que puedan desarrollar la investigación.
Bajo la lupa judicial quedaron dos dirigentes del equipo del sur: el vicepresidente Federico José Spinosa y el director suplente Oscar Tucker, señalados como posibles partícipes del esquema financiero investigado. La Dirección General Impositiva aportó al expediente información clave sobre presuntas omisiones fiscales y movimientos bancarios irregulares que habrían sostenido la maniobra.
Como medida preventiva, la justicia ordenó el congelamiento de cuentas bancarias y el secuestro de documentación vinculada a fideicomisos, contratos de venta de jugadores y futuros acuerdos comerciales. El objetivo es frenar cualquier intento de ocultar o repetir operaciones similares mientras avanza la investigación.
