La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena a cuatro años de prisión contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos tanto de la defensa como del Ministerio Público Fiscal. De esta manera, quedó firme la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal Nº 4, que en 2018 había hallado responsable a De Vido por no haber controlado el uso de los fondos públicos destinados a Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria del servicio ferroviario.
Un largo proceso judicial
La resolución de este martes pone fin a un extenso recorrido judicial que se inició tras la tragedia de 2012. En un primer juicio, el Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, a los propietarios de TBA y a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, al determinar que el siniestro fue consecuencia del mal estado del tren y la falta de mantenimiento, pese a los subsidios estatales.
El TOF Nº 4, en un segundo juicio, consideró a De Vido responsable por no haber fiscalizado adecuadamente el uso de esos fondos, aunque lo absolvió del delito de estrago culposo, es decir, del cargo vinculado directamente a las muertes y lesiones.
El recorrido en la Corte
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena, pero la defensa apeló ante la Corte Suprema. En 2024, el máximo tribunal ratificó la responsabilidad penal del ex ministro, pero ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente fue fijado en cuatro años de prisión.
Tanto la fiscalía como la defensa volvieron a apelar: el Ministerio Público reclamó un castigo más severo, mientras que los abogados de De Vido insistieron en la reducción de la pena e incluso en la prescripción de la causa.
Con la decisión conocida este martes, la Corte Suprema rechazó ambos planteos y dejó firme la condena.
Qué significa el fallo
El fallo implica que Julio De Vido deberá cumplir una pena efectiva de cuatro años de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La resolución también consolida la línea jurisprudencial que considera la falta de control en la gestión de fondos públicos como un acto de administración fraudulenta, especialmente cuando esa omisión deriva en perjuicios graves al Estado.
