El Poder Ejecutivo formalizó este miércoles el veto total a la Ley Nº 27.795 de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso el 21 de agosto pasado. La decisión, oficializada a través del Decreto 647/2025, vuelve a encender la disputa entre el Gobierno de Javier Milei, el sistema universitario y la oposición parlamentaria.
La medida bloquea un proyecto que había cosechado 158 votos afirmativos en Diputados, un número importante pero insuficiente para alcanzar los dos tercios necesarios. Ahora, la oposición analiza convocar a una sesión especial el próximo miércoles para intentar rechazar el veto, algo que solo podrá lograr si logra reunir esa mayoría calificada.
Qué proponía la ley vetada
El proyecto establecía un esquema de financiamiento integral para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. Entre los puntos principales se incluían:
- Garantizar el financiamiento universitario en todo el país.
- Definir partidas presupuestarias específicas para programas de educación superior.
- Mejorar las condiciones salariales de docentes y no docentes.
- Incrementar fondos para tecnología, infraestructura y equipamiento.
- Ampliar la oferta académica y fortalecer la investigación y la extensión universitaria.
- Impulsar programas de bienestar estudiantil y becas.
- Actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades públicas por inflación (IPC) a partir de enero de 2025.
El argumento del Ejecutivo
Desde la Casa Rosada justificaron el veto en la necesidad de preservar el control del gasto público y evitar lo que consideran una “intromisión” del Congreso en las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo para administrar recursos.
El rechazo se produce en un marco de fuerte tensión con las universidades, que vienen reclamando mayor financiamiento frente a los recortes presupuestarios y la inflación.
Lo que viene
El veto ya fue enviado al Congreso y se suma a otros que están en carpeta, como los proyectos de emergencia en pediatría y de reparto automático de ATN a las provincias, aprobados en la misma sesión especial de agosto y que también serían objetados por el Ejecutivo.
El plazo para que esos vetos ingresen al Parlamento vence este jueves. Mientras tanto, el bloque opositor busca reunir consensos para intentar imponerle un revés político al Gobierno en el recinto, en lo que promete ser una sesión cargada de tensión.
