La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso la derogación de la Decisión Administrativa 244/2013, que obligaba a las jurisdicciones y entidades del sector público a contratar exclusivamente con Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas para los traslados de sus funcionarios y terceros.
La normativa original formaba parte del marco regulatorio establecido por el Decreto 1191/2012, que buscaba priorizar la contratación con empresas en las que el Estado Nacional tuviera participación accionaria.
No obstante, con el Decreto 70/2023 que declaró la emergencia pública en múltiples aspectos hasta 2025, se introdujo un programa de desregulación que limitó los beneficios otorgados a dichas compañías, y el posterior Decreto 747/2024 eliminó específicamente la obligatoriedad de dichas contrataciones.
