La Cámara de Casación Penal de Paraná dispuso hoy la inmediata captura del exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, en el marco de la causa por la que fue condenado en 2022 a ocho años de prisión y a la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. El Tribunal dispuso la prisión preventiva ante riesgos de fuga.
“Se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria”, afirmó la sentencia.
La orden de detención fue emitida esta mañana por la Cámara de Casación provincial y comunicada por la presidenta del tribunal, Marcela Davite, al jefe de la Policía de Entre Ríos. Una vez realizado el arresto, Urribarri fue trasladado y alojado en la Unidad Penal 1, conforme a las instrucciones impartidas. A la decisión adhirieron las vocales Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
“En relación a los imputados Urribarri y Aguilera, y luego de dar por acreditados los requisitos de admisibilidad del recurso, afirmaron (NR: los fiscales) que para los mismos solicitaban la prisión preventiva efectiva, fundada particularmente en el riesgo serio de fuga, en atención al monto de la pena y modo de ejecución impuestos por sentencia de 07/04/2022, a las modalidades de comisión de los hechos y a las condiciones personales de los encausados”.
Y agrega: “Encontrándose acreditada la probabilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción como los que aquí se juzgaron”.
También están condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y el ex funcionario Juan Aguilera.
Uribarri está condenado desde hace poco menos de dos años, a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por “peculado” y “negociaciones incompatibles” en una sentencia que fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
